En el marco de la evaluación por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del informe elaborado por el Secretario General de dicha organización, sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, el 28 de marzo pasado la Sala Constitucional emitió un nuevo pronunciamiento (el texto puede leerse aquí: https://goo.gl/Tqowgu) en contra de los diputados y de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional, que viene a confirmar lo veraz que resulta el mencionado informe, en lo que tiene que ver con la falta de autonomía de los Poderes Públicos en Venezuela.

 

Se afirma en ese pronunciamiento, luego de “anular” el acuerdo parlamentario en apoyo de la activación de la Carta Democrática Interamericana, entre otras cosas, que “…la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)”.

 

Asimismo, se “ordenó” al ocupante del cargo de Presidente de la República que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional”, lo que cabe interpretar como una “habilitación” para que se evalúe la salida de Venezuela de la OEA, y que “tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar-)”, lo que supone una orden directa para la comisión de las más variadas y graves violaciones a derechos humanos de los parlamentarios, y cualquier otro ciudadano que a juicio del Ejecutivo esté generando un “estado de conmoción”.

 

Este nuevo pronunciamiento político de la Sala, valga señalar, se basa en un desacato que no existe, pues no está prevista esa figura en el ordenamiento jurídico venezolano; da por eliminada una prerrogativa constitucional de los diputados inviolable como es la inmunidad parlamentaria con el fin de permitir el encarcelamiento de los diputados sin juicio previo; asume que en lo sucesivo ningún acto de la Asamblea Nacional será válido hasta que cese el “desacato” lo que busca de facto dejar suspendido al Poder Legislativo Nacional; da órdenes al ocupante del cargo de Presidente de la República sin tener competencia constitucional para ello pues no es superior de éste; usurpa en forma explícita funciones del Ejecutivo Nacional al ordenar cómo llevar adelante las relaciones internacionales de la República; ordena reformar la legislación penal, en especial la militar, vía decretos ley en ejecución del inconstitucional Estado de Excepción, para reprimir a los diputados y en general a toda forma de disidencia a la que acusa de generar “estado de conmoción”; alude a ese “estado de conmoción” para abrir la puerta a la “ley marcial”; da por cierto el que se están cometiendo delitos militares con la solicitud de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana; y ordena que se revise permanencia de la República en la OEA, asumiendo que con una eventual salida del Estado venezolano de esa organización, su Gobierno y demás Poderes tendrían licencia e impunidad para violar derechos humanos y la democracia.

Este nuevo acto “a-jurídico” de la Sala Constitucional, el primero que es emitido bajo la presidencia de Mikel Moreno en contra de la Asamblea Nacional, confirma todo lo afirmado por el Secretario de la OEA en su informe sobre Venezuela, y ratifica al hemisferio y al mundo la importancia de activar y aplicar a fondo una activa observación sobre este país suramericano, a fin de contribuir a la recuperación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.