Luego de ahondar en el quiebre de la democracia venezolana con sus decisiones Nos. 155 y 156, la Sala Constitucional ha pretendido, de forma fallida, enmendar su “error” con sus por ahora “fantasmales” decisiones Nos. 157 y 158 del pasado 1ro de abril, por las cuales “aclaró” algunos de los aspectos más controversiales de las decisiones antes mencionadas, como son los relativos a la pérdida de inmunidad parlamentaria de los diputados –garantía de no ser detenido por acusación penal sin que antes la Asamblea Nacional lo autorice-, y al arrebato de las funciones que corresponden al Legislativo Nacional según la Constitución por parte de la propia Sala Constitucional, que pasaría a ejercer ella misma esas funciones, o los órganos del Estado que ella indicase, hasta que la Asamblea Nacional salga del “desacato” en que se supuestamente se encuentra.

Valga añadir, que esas decisiones “aclaratorias” fueron preparadas por esa Sala del TSJ, luego de la muy grave –e irreversible- denuncia de la Fiscal General de la República acerca de la ruptura del hilo constitucional, siguiendo instrucciones directas del Consejo de Seguridad de la Nación, el cual en sesión del mismo 1ro de abril, sin tener competencia jurídica alguna para ello y sin contar con la participación del Presidente de la Asamblea Nacional, entre otras medidas, acordó “…exhortar al TSJ a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano”. Téngase en cuenta que ese Consejo está integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente del Consejo Moral Republicano y los Ministros de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores, la planificación y el ambiente.

Desde Parlamentemos queremos señalar, en primer lugar, que al ni siquiera haberse publicado en la página del Tribunal Supremo las supuestas decisiones 157 y 158, es por completo especulativo lo que se diga respecto de ellas, lo que revela una absoluta falta de institucionalidad, trasparencia y respeto por la seguridad jurídica de parte de quienes ocupan cargos de Magistrados en esa instancia; en segundo lugar, que no cabe hablar de errores o excesos en las decisiones 155 y 156, por el contrario, son decisiones muy claras y precisas en sus objetivos: cambiar de facto y por la fuerza las reglas que la Constitución fija en materia de inmunidad parlamentaria y de funciones de la Asamblea Nacional; y en tercer lugar, que la “aclaratoria” de decisiones prevista en la ley procesal civil venezolana en ningún caso permite cambiar el fondo de la decisión aclarada, sólo corregir errores en cuanto a nombres, fechas, lugares, plazos, etc., de modo que eliminar párrafos enteros de las decisiones 155 y 156 en las supuestas decisiones 156 y 157 para afirmar en éstas que en aquéllas no se dijo lo que sí se dijo, es antijurídico e ilícito.

Pero tan o más grave que todo lo anterior, es que frente a los venezolanos, a la OEA y a las sociedades democráticas del mundo, el Ejecutivo Nacional mostró en forma explícita como actúa, en los hechos, como el superior jerárquico del Tribunal Supremo de Justicia, ya que a través del Consejo de Seguridad de la Nación –que, se insiste, no tiene según la Constitución y la Ley Orgánica de Seguridad Nacional que lo rige competencias para resolver conflictos entre Poderes Públicos y mucho menos para exhortar u ordenar que el TSJ revise sus decisiones judiciales-, le ordenó en forma “disimulada” a la Sala Constitucional que “revisara” sus decisiones, lo que, inevitablemente, agrava la situación de ruptura tanto del hilo constitucional como de la democracia en Venezuela, ratificando la tesis del “Golpe de Estado Judicial” que varios expertos han denunciado.

Mientras todo lo anterior ocurre, continúa el desconocimiento de la soberanía popular, de la democracia y el Estado de Derecho, pues de acuerdo a otro punto de la decisión 156, el Ejecutivo Nacional podrá constituir empresas mixtas en materia petrolera sin tener que solicitar y obtener en forma previa la autorización de la Asamblea Nacional, ya que tanto para el Tribunal Supremo como para los demás Poderes Públicos Nacionales (Ciudadano, Electoral y Ejecutivo), aquélla está en “desacato”, del cual, cabe suponer, solo saldrá de forma definitiva cuando en Venezuela haya un cambio de Gobierno, si es que antes no se completa la autocrática acción de disolver a la fuerza al Legislativo Nacional.