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Es una reforma marcada por la expoliación y el impedimento al ejercicio de la libertad económica, además de haber estado signada desde sus orí­genes por la falta de consulta, al haber sido aprobada ví­a Ley Habilitante y no discutida ampliamente.

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

Es una reforma legislativa aprobada mediante un decreto ley que no siguió el procedimiento de formación constitucional de las leyes, pues lo dictó el Presidente en Consejo de Ministros sin debate público alguno. Tampoco es el resultado de una consulta amplia tanto a las instituciones financieras como a los deudores y beneficiarios hipotecarios. No es democrática, ni resultado de la participación ciudadana.

La actividad bancaria es uno de los sectores de la economí­a en los que por la asimetrí­a de información y el riesgo de impacto negativo global en el sector por parte de productos financieros €œtóxicos€, se justifican las legislaciones reglamentarias y regulaciones técnicas. Pero estas normas no deben abolir la libertad económica de las instituciones financieras, la responsabilidad y autonomí­a de deudores y beneficiarios hipotecarios, ni imponer cargas excesivas e inútiles a los operadores financieros. Todo esto se agrava con la reforma evaluada, que impone mandatos y no normas de conducta a los particulares, en perjuicio de la libertad económica, soberaní­a del usuario y la propiedad privada.

Las figuras de la ley habilitante y el decreto ley son en sí­ mismas contrarias al Estado de Derecho y la división de Poderes. El elevado número de sanciones que se agravan además en este decreto ley, con la excusa de hacer más efectivo su cumplimiento, afecta la seguridad jurí­dica para los particulares, obligados a otorgar las carteras de crédito, vigilar su utilización y reportar al Gobierno el cumplimiento adecuado del crédito. Un aspecto positivo, es que somete a un proceso judicial breve, y no a un procedimiento administrativo, la exigencia de cumplir con los actos administrativos €œcontractuales€ que están previstos en el decreto.

Es cuestionable que cumplan con esas obligaciones en materia de respeto a la libertad económica y a la propiedad privada. Pero lo más importante es preguntarse si lo cumple en su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para quienes carecen de ella. Al respecto, Rosa Varela, entonces presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana seí±aló en 2014 €“aí±o que tuvo una inflación muy inferior a la de este 2017- que: los montos que ofrecen los créditos hipotecarios destinados a financiar la adquisición de la vivienda principal son insuficientes. Un apartamento de 92 metros cuadrados en El Paraí­so cuesta 12 millones de bolí­vares y en la Candelaria 7,5 millones de bolí­vares, según el portal inmobiliario. Sin embargo, los recursos que ofrece la banca para un crédito hipotecario van entre 500.000 bolí­vares y 2,4 millones de bolí­vares€ (ver: https://goo.gl/Kr1NsC ).

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

Hay que tener presente que este decreto ley, no sólo su reforma sino su original articulado de 2005 y el actual, se basan en lo afirmado en contra de derechos fundamentales, por la Sala Constitucional en su inconstitucional decisión No. 85, de 24 de enero de 2002, caso: Asodeviprilara, en la que para prohibir la oferta de cierta modalidad de créditos hipotecarios (cuota balón, indexados o mexicanos), básicamente abolió la libertad económica y la autonomí­a contractual en Venezuela. Siendo ello así­, el interés de esta ley no es crear oportunidades en libertad, ni fomentar el trabajo productivo, sino el control de esta área de la economí­a, en atención a los fines del Gobierno.

No lo hace. En lugar de adoptar una perspectiva de fomento de la inversión privada en la construcción de vivienda, en estimular el ahorro voluntario en instituciones financieras hipotecarias, en equilibrar la economí­a y el valor de la moneda para que los créditos que se otorgan se correspondan con el precio de mercado de los inmuebles para vivienda, el decreto ley adopta una visión de policí­a administrativa clásico, de control, coacción, sanción y planificación de la actividad financiera, más preocupado en extraer recursos privados para mantener la burocracia ineficiente que crea, que en solucionar los problemas de los supuestos beneficiarios.

Con la excusa de impedir y limitar arbitrariedades de las instituciones bancarias, el decreto ley crea incentivos para la corrupción y la ineficiencia, para los privilegios de grupo y la discriminación. Al centralizar en el Consejo Nacional de la Vivienda y en el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo la mayor cantidad de decisiones y medidas para el desarrollo de este sector económico, se excluye a operadores privados y a ciudadanos beneficiarios de la libertad de proponer, competir y elegir, y se estanca al sector.

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

Supuestamente trata de responder a la problemática de la falta de acceso a una vivienda propia, no como derecho sino como preferencia o necesidad en casos de las personas. Pero no ha sido útil para solucionarla, pues como seí±ala la presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana en su entrevista de 2014 antes citada: en la Gran Caracas no hay inmuebles nuevos, ni grandes desarrollos residenciales en construcción, distintos a los que levanta el gobierno para la Misión Vivienda€™. Recordó que la construcción privada lleva 18 trimestres en caí­da (€¦) €˜Comprar casa es una tarea pendiente para la clase media€™, afirmó. La escasa oferta y los niveles de inflación €˜dispararon los precios de venta de los apartamentos del mercado secundario lo que hace inviable su adquisición a través de un crédito hipotecario€™, dijo Varela€.

Más allá de las limitaciones arbitrarias y violaciones a derechos económicos, que son un costo, el decreto ley no ha logrado el único fin que justifica su existencia, que es aumentar el acceso a viviendas propias de ciudadanos que carecen de ella, pues los créditos que se otorgan con base en él no alcanzan ni para el pago de la inicial de un inmueble para vivienda. Sin embargo, sí­ se cobran las contribuciones en ella prevista, y las multas por sanciones que prevé. De modo que no están compensados los costos.

No hay en esta materia transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que permita concluir que se realiza un manejo honesto de los recursos. Las memorias y cuentas del Ministerio del ramo sólo contienen datos y estadí­sticas generales de montos invertidos, pero no el número de personas que gracias a este régimen de deudor hipotecario ya es propietario de su propia vivienda. Rige la opacidad y la propaganda.

Aí±adió más burocracia al Gobierno nacional, no estimula la inversión para la construcción, no fortalece la actividad de intermediación financiera hipotecaria y no brinda soluciones efectivas a los ciudadanos. Es un régimen basado en la peor interpretación de la cláusula del Estado social, y del rol del Estado en la economí­a y como garante de los €œderechos sociales€.

Por todo lo anterior, esta normativa debe ser sustituida por otra legislación que sea resultado de la consulta pública con todos los sujetos que operan en el sector, de la evaluación de las mejores polí­ticas aplicadas en otros paí­ses en la materia y de la ruptura con la visión estatista y populista de la sentencia No. 85 de 2002 de la Sala Constitucional, y que por supuesto, en coordinación con otras medidas económicas, sí­ sea un instrumento para que con su propio esfuerzo, sin expolio de terceros, quien lo quiera pueda ser propietario de un inmueble para vivienda.

Evaluado por Giuseppe Graterol Stefanelli

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