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CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

No respeta los principios democráticos de formación de leyes, pues como se observa se trata de un decreto-ley dictado por el Presidente (Hugo Chávez) en Consejo de Ministros en el año 2012, cabe destacar que  lo hizo en el marco de la inconstitucional –por atribuir materias de reserva legal- Ley Habilitante otorgada por la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2010 (por un plazo 18 meses) y que a pesar de la cantidad de habilitaciones que le concedía no lo habilitaba a legislar en materia laboral (ver Ley Habilitante: http://bit.ly/1TQtZWo). Además, en el caso de leyes orgánicas se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los diputados que componen la AN (art. 203 constitucional).

Como se dijo, desde su origen el decreto-ley viola el principio de separación de Poderes por haber sido dictado por el Presidente violando el procedimiento constitucional de formación de ley, ignorando la mayoría calificada para emanar leyes orgánicas y excediendo materias de reserva legal. Además, en su contenido el decreto-ley excede igualmente la separación de Poderes por atribuir amplísimas facultades a las inspectorías del trabajo (art. 506 y ss. LOTTT) algunas de las cuales deberían únicamente estar reservadas al Poder Judicial como por ejemplo la facultad de dictar medidas cautelares sin limitación alguna.

En el decreto-ley se pueden encontrar diversas normas que permiten afirmar que no se respeta el contenido esencial de algunos derechos constitucionales especialmente aquellos identificados como sociales y económicos, al penalizar la tercerización y al imponer una cantidad de prestaciones onerosas al empleador (aumento del bono vacacional y los días para el pago de utilidades), estos pasivos que se incrementaron para el empleador se vieron además severamente descompensados al imponer una reducción de la jornada laboral y la obligatoriedad de otorgar dos días de descanso continuos al trabajador; cuestión que por demás limita la capacidad de plantear el contrato de trabajo en los términos más beneficiosos para ambas partes.

Se evidencia el incumplimiento del Convenio Internacional N° 88 sobre el servicio del empleo, dictado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificado por Venezuela en 1964. Este convenio ha sido incumplido en tanto que en Venezuela no existe un servicio público y gratuito de empleo (con oficinas a nivel nacional) destinado a “lograr la mejor organización posible del mercado del empleo” (ver Convenio http://bit.ly/1THB4G3).    Además, vale señalar que la OIT considera la tercerización como “descentralización productiva” y al haber sido penalizada se rompe con los estándares internacionales de aceptación y aplicación de esta figura.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

El decreto-ley establece excesivas obligaciones al empleador acompañado de un régimen sancionatorio complejo y arbitrario que desincentiva la iniciativa privada, limita la creación de nuevas empresas y disminuye la generación de nuevas fuentes de empleo.

El decreto-ley asume que el trabajador es el “débil jurídico” y por tanto debe ser cuidado del empleador, esto crea desigualdades que lejos de generar un clima de convivencia pacífica contribuye a la generación de conflictos y crean la falsa dicotomía empleador-trabajador. Se coarta la autonomía de los empleadores al crear un régimen de “estabilidad laboral” rígido que termina siendo arbitrario, además la fijación del salario mínimo no depende del empleador o los trabajadores sino que termina siendo decidido por un tercero ajeno a la relación laboral como lo es el Presidente de la República. En general el decreto-ley está construido a partir de la inequidad por el papel secundario y casi criminalizado que le otorga a los empleadores sin cuya existencia no existirían los trabajadores.

En general en el decreto-ley se observa una amplia concentración del poder, ya que, casi todo termina recayendo en el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Trabajo. Con respecto al poder económico no se observa una desconcentración del mismo puesto que el decreto-ley destaca el sometimiento al Plan Económico y Social de la Nación (dictado por el Presidente) de todas las políticas adoptadas en materia laboral.

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

Según se desprende de la exposición de motivos, el decreto-ley busca, entre otras cosas, “…asegurar los derechos de la población, otorgando base legal a los mandatos constitucionales recibidos en 1999 e introduciendo una importante interpretación progresiva de los mismos”. Sin embargo, como se ha venido diciendo la entrada en vigencia de este decreto-ley no ha favorecido  a los ciudadanos, en especial la problemática del desempleo, por el contrario el desincentivo a la inversión privada y los excesivos controles de esta y otras normativas generan cada vez más maneras informales e ilegales de tener una ocupación (por ej. el mal llamado “bachaqueo”).

La disminución de la jornada laboral, la penalización de la tercerización,  y el aumento de bonos y utilidades son algunas de las disposiciones que hacen que el empleador deba asumir diferentes pasivos sin que se observe una justa retribución laboral por el costo que estos asumen. Además, en una escala mayor los desincentivos a la iniciativa privada que genera una legislación laboral tan restrictiva y arbitraria hacen que el balance de esta ley sea negativo al producir más costos que beneficios.

Como es conocido la tercerización es necesaria para el correcto y más productivo funcionamiento de cualquier empresa; por lo tanto al penalizar esta figura se deja al margen de la ley a muchas personas que hoy siguen trabajando de esta manera y además se crean incentivos negativos para que los empresarios busquen la manera de lograr tercerizaciones dentro del marco legal pero usando métodos artificiosos.

El decreto-ley mantiene la figura del Ministerio del Trabajo, de las Inspectorías del Trabajo y crea la figura del Registro Nacional de Entidades de Trabajo. Al menos estas dos últimas figuras son prescindibles, las Inspectoría de Trabajo resuelven asuntos que podrían tramitarse en otras instancias especialmente en sede jurisdiccional y el Registro Nacional creado especialmente para tramitar solvencias laborales lo que genera es un procedimiento burocrático que en nada beneficia a los ciudadanos; por el contrario genera trabas en el libre desenvolvimiento de cualquier actividad laboral y se opone abiertamente al principio de austeridad en el gasto público.

Por todo lo anterior puede decirse que la reforma de la ley del trabajo de 2012 fue innecesaria e inconstitucional y lejos de generar mejoras ha desincentivado la iniciativa privada, ha generado cada vez más conflictos entre empleadores-trabajadores y en modo alguno ha resuelto problemáticas nacionales; por lo tanto urge su reforma y en parte derogatoria.

Evaluado por Mayerlin Matheus Hidalgo

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