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Es una ley inconstitucional que agrava añn más la politización del Poder Judicial, atenta contra la división de poderes y resta eficiencia al sistema de justicia venezolano. Por ende, debe ser derogada.

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

La ley evaluada formalmente cumplió con el procedimiento de formación de la ley pues se aprobó por la Asamblea Nacional y no por decreto-ley, pero no fue objeto de debate real, pues en 2009 el oficialismo tení­a control pleno del Poder Legislativo. No es fruto del pluralismo polí­tico, de la participación ciudadana, sino de una visión ideológica. Es una legislación centralista.

Atenta contra la independencia e imparcialidad de los tribunales y demás componentes del sistema de justicia. Por tanto, afecta los derechos a la tutela judicial y al debido proceso. Elimina la participación ciudadana respecto del Poder Judicial, pues la limita a las instancias del Poder Popular.

Por el contrario, viola estos principios. Ya el planteo constitucional de un €œsistema de justicia€ supone graves riesgos para la división de Poderes, pues temas como presupuesto, rendición de cuentas, rí©gimen disciplinario, organización administrativa, etc., dejan de ser autónomos del Poder Judicial y quedan bajo control de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia y del Poder Popular, ambos a su vez controlados por el Ejecutivo Nacional.

No se respetan las obligaciones en materia de justicia y Estado de Derecho. El sistema de justicia no puede concebirse como una organización regida por una instancia segñn un principio de jerarquí­a, como lo hace esta ley. Al hacerlo, causa un incumplimiento del Estado venezolano de obligaciones en materia de garantí­as judiciales e independencia judicial, previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, entre otros.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

En una sociedad en la que no se garantiza seguridad jurí­dica desde la ley y el Poder Judicial, nada de esto puede generarse. La ley evaluada acentña la ya grave politización del Poder Judicial, pues somete a una Comisión Central que controla el Ejecutivo todos los aspectos organizativos, presupuestarios y de transparencia de los tribunales.

No lo hace, pues al reconocer derecho a participar ante los órganos del Poder Judicial solo a las instancias del Poder Popular, crea una discriminación inaceptable, divide a los ciudadanos e impide a la mayorí­a de í©stos que puedan exigir transparencia a la justicia. Es fuente de conflictos, de posible control polí­tico de abogados en ejercicio, fiscales y órganos policiales, y con certeza de presiones polí­ticas para los jueces, todo desde el Poder Popular.

La ley evaluada no rige la materia económica, y sus efectos sobre esta son indirectos. En todo caso, como se indicó, no es idónea para generar seguridad jurí­dica y confianza. Lejos de eliminar privilegios, fortalece los de las instancias del Poder Popular.

¿Ayuda a resolver problemas pñblicos?

La problemática de la falta de independencia judicial no es resuelta por esta ley, al contrario, se agrava, pues a las interferencias ya existentes se suman las que en ella se contemplan, como es la subordinación del TSJ y sus órganos de gobierno judicial a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia. Tampoco hace más transparente y confiable al Poder Judicial.

Tiene costos burocráticos y sociales importantes, pues se crean cargos y se exige la aplicación de procedimientos que supone el destinar recursos a esos fines, recursos que seguramente serán tomados del presupuesto propio del Poder Judicial. Esos costos no los compensa la ley de ninguna forma, ya que la subordinación inconstitucional que hace de la justicia a la Comisión Nacional que crea, y la discriminación social que genera con los privilegios que da al Poder Popular, no pueden ser compensados.

No crea incentivos para el manejo transparente, eficiente, responsable y con rendición de cuentas de los recursos del sistema de justicia. En vez de ello, al burocratizar añn más el funcionamiento de los órganos del sistema de justicia, y en especial del Poder Judicial, dificulta el buen manejo de los recursos pñblicos y compromete la eficacia de todos esos órganos.

No, aí±ade más burocracia, al crear un órgano como la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, no prevista en la Constitución, controlada por el Ejecutivo Nacional y que, como lo seí±ala la directora de la asociación civil Acceso a la Justicia, Laura Louza, será la que, una vez en funcionamiento, deberá €œformular, hacer seguimiento y ejecutar las polí­ticas judiciales y supervisar la gestión del Tribunal Supremo de Justicia€ (en Colección Estado de Derecho, Tomo IX: Crisis de la Función Judicial. Caracas: FUNEDA, 2012).

Por todo lo anterior, la Ley del Sistema de Justicia es inconstitucional, contraria a obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, a la división de Poderes, a la participación libre en los asuntos pñblicos, a la transparencia y a la eficiencia del sistema de justicia. Debe ser reformada, o incluso derogada, si no se halla una fórmula que impida que ese sistema liquide la independencia judicial

Evaluado por Giuseppe Graterol Stefanelli

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