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Esta ley atenta contra la libre iniciativa y la libertad de empresa además de no significar ningún avance en concreto para el fomento del cine nacional

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

La ley evaluada fue sancionada por la antigua Asamblea Nacional (AN) siguiendo al menos en la forma el procedimiento constitucional para ello. Sin embargo, se trata de una ley que no recogió las de todos los actores involucrados, en particular del sector cinematográfico privado, así­ que la participación fue más bien limitada. No debí­a consultarse a Estados y Municipios, ni es un medio para la descentralización de competencias.

Tiene un carácter intervencionista, sancionador y extractivo que la hace entrar en tensión con derechos constitucionales, como el debido proceso, la propiedad privada y la libertad de empresa, y con principios fundamentales como la proporcionalidad de las sanciones, pues las que establece, las contribuciones especiales y tasas que contiene y la reglamentación de la actividad que impone atentan contra el contenido de esos derechos.

La finalidad principal del Estado de Derecho es la limitación del poder en beneficio de la libertad individual según normas iguales, generales y abstractas. Esa finalidad se frustra cuando se emplea la ley no como norma general, sino como norma concreta, como mandato, y se instrumentaliza la actividad de los particulares. Esta ley tiene mucho de esto último.

De seguro, la ley estará en sintoní­a con obligaciones internacionales en materia de educación y cultura, pero como el fin no justifica los medios ni unos derechos humanos son superiores respecto de otros, cabe dudar de la compatibilidad de aquí©lla con el respeto a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a las inversiones extranjeras, por lo excesivo de los controles y de la presión sobre las ganancias.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

Una ley como la evaluada que parte de la errada premisa de asumir que la actividad económica de cinematografí­a es de interí©s público y está sujeta a los controles, planes, sanciones y tributos que el Estado quiera imponerle, no estimula la inversión ni el trabajo productivo, no fomenta la competencia ni la consolidación de los actores en el sector.

La solidaridad impuesta por ley no es solidaridad, sino coacción. Que el artí­culo 50 de la ley evaluada establezca que €œ€¦se crea una contribución especial que pagarán las personas naturales o jurí­dicas cuya actividad económica sea la exhibición de obras cinematográficas en salas de cine con fines comerciales, al Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (Fonprocine), equivalente al tres por ciento (3%) en el aí±o 2005; cuatro por ciento (4%) en el aí±o 2006 y cinco por ciento (5%) a partir del aí±o 2007, del valor del boleto o billete de entrada€ refuerza la creencia que unos ciudadanos deben pagar a traví©s de arbitrarias contribuciones especiales las cuentas y los fracasos de otros, más allá del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, entre otros que se pagan de forma general.

Por el contrario, los órganos de planificación y de manejo de fondos públicos y privados que creó la ley evaluada, son fuente de privilegios y opacidad para quienes están al frente de esos mecanismos sustitutivos de los mecanismos económicos del mercado y del fomento de iniciativas sin coacción. El CNAC, como instancia de planificación no coactiva, de fomento, de encuentro y de promoción, puede ser muy razonable, pero no así­ el Fonprocine que además de coaccionar al sector privado tiene discrecionalidad para financiar a iniciativas que no necesariamente responden al interí©s ciudadano o tienen un comprobado valor cultural.

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

Es deseable que el cine nacional original, con talento, con contenido artí­stico, cultural y comercial, según el caso, tenga oportunidades, y que si luego de cubiertas las obligaciones impostergables del Gobierno y la Administración hay recursos, í©stos se empleen para fomentar esta actividad cultural. Pero ese interí©s no se puede satisfacer ni con tributos injustificados, ni por criterios ideológicos, ni al margen de las preferencias de los ciudadanos. De allí­ que la ley no es una respuesta adecuada para el problema de cómo estimular al mejor cine nacional.

Se podrá alegar que la ley ha permitido que desde su vigencia se produzcan un número de pelí­culas y cortos nacionales como nunca en la historia del cine nacional, y que ese logro justifica todos los costos. Tal razonamiento es cuestionable, pues debe verse la calidad y apoyo del público de todos esos trabajos, y debe analizarse si el fomento del cine nacional se hizo con transparencia, y sin usar una tributación y rí©gimen sancionador anti empresa privada en el sector. La ley permite penalizar, imponer, fiscalizar e intervenir a unos en favor de otros; se busca que los actores privados que se dedican a la cinematografí­a realicen gastos, pagos y €œcontribuciones€ para que otros reciban beneficios económicos. Y además, no se tiene en cuenta al espectador, que es quien paga todos los costos (ver análisis del Observatorio Económico Legislativo de CEDICE)

Mientras en otros paí­ses de la región en los últimos aí±os se han abierto nuevas salas de cine y mejorado la calidad del servicio de í©stas, con pantallas digitales, IMAX, de 3D y 4D, en Venezuela son muy pocas las nuevas salas de cine, y más las que han cerrado. Las que funcionan lo hacen a duras penas, y no pueden modernizarse. El fomento no es para el cine en Venezuela, sino para los que reciben el favor polí­tico en el manejo de estos fondos públicos, pues existe discrecionalidad amplia para la burocracia del cine tanto a la hora de financiar, como de sancionar y prohibir.

La ley creó más burocracia, no existe equilibrio sino coacción e imposición del Gobierno al sector privado, y tal desbalance ha generado un estancamiento en el sector cinematográfico, que pudo agravarse con un proyecto de reforma de 2015, que daba más poder tributario y sancionatorio al CNAC.

Por todo lo anterior la ley vigente no fomenta, fortalece, incentiva y garantiza la libre iniciativa y el desarrollo de la empresa privada en el sector cine, ni tampoco garantiza que las mejores iniciativas independientes en el sector sean las que reciban el apoyo de los fondos públicos no extractivos de la propiedad privada con que se cuente para fomentar dichas iniciativas.

Evaluado por Giuseppe Graterol Stefanelli

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