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Es una ley que va en contrari­a de los planteamientos internacionales en la materia, que toman al agua como un “bien económico” y no como un “derecho humano”. Esta última visión tiene un impacto directo en la afectación al derecho de propiedad.

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

Se trata de una Ley sancionada en 2007. Fue debatida y sancionada por la Asamblea Nacional (AN) siguiendo el procedimiento de formación de leyes previsto en la Constitución. Sin embargo, para ese momento la integración de la Asamblea correspondí­a totalmente a partidos oficialistas debido a las injustas condiciones electorales de las parlamentarias de 2005, es decir, no era una Asamblea plural ni democrática, pues sus intereses estaban alineados con el Ejecutivo Nacional. En ese sentido las consultas públicas estaban dirigidas a sectores igualmente alineados con el Gobierno. Por tanto, la ley no es democrática, y en este sentido no es apegada del todo al texto de la Constitución.

En esta ley se declara que el agua es:de carácter estratí©gico e interí©s de Estado (art. 1),bien de dominio público (art. 6) yde utilidad pública e interí©s general (art. 7). Todas estas declaratorias son habilitaciones que permiten al Estado una profunda intervención en la vida de los ciudadanos. Es por ello, que todas las personas que cuenten con aguas, superficiales o subterráneas, dentro de sus propiedades (inmuebles, terrenos, fundos, etc.) no pueden disponer libremente“salvo pequeí±as excepciones previstas en el artí­culo 61- las aguas que allí­ se encuentren, porque el Estado controla ampliamente este sector (art. 41), lo que es un claro detrimento a los derechos de propiedad privada. De hecho, con la declaratoria de dominio público se excluye la posibilidad de tener derechos de propiedad sobre las aguas. En este sentido, las personas que tení­an derechos de propiedad sobre aguas fueron afectadas y la ley estableció comoindemnización, por la pí©rdida de estos derechos, apenas una exención tributaria por 20 aí±os, lo que resulta insuficiente frente al daí±o causado.

Si bien uno de los principios en que se basa la organización institucional para la gestión de las aguas es ladesconcentración y descentralización (art. 20), se observa que la normativa atribuye la mayor parte de las competencias al poder central, con lo cual casi todo termina reducido a la autoridad del Ministerio o al Presidente de la República (art. 24); por tanto la ley no evidencia realmente el respeto a la separación de poderes ni es coherente con los principios que establece. Sobre esto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dicho¦ entendida Nación como sinónimo de República¦ las aguas pertenecen a ella, como ente polí­tico-territorial, negándose entonces la titularidad de las mismas por parte de los estados y los municipios, y más aún por parte de los particulares (tomado de Brewer Carí­as, Allan. Ley de Aguas. Textos Legislativos N° 41, Caracas 20007: Editorial Jurí­dica Venezolana, p. 19). Como se observa, hay una fuerte centralización en lo que concierne a las aguas excluyendo incluso cualquier autonomí­a estadal o municipal en este tema.

En muchos aspectos la vigente Ley de Aguas es obsoleta respecto a los avances que a nivel mundial se han dado en la visión del agua y en los planteamientos que desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se han impulsado para que el tratamiento del agua resulte más eficiente y pueda atacarse de forma efectiva la escasez de este recurso indispensable.

Ya en el aí±o 1992 en el informe resultante deLa Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente: Cuestiones de Desarrollo Para El Siglo XXI patrocinada por la FAO, se estableció“despuí©s de un amplio debate- que debí­a cambiarse la visión tradicional del agua comoderecho humano y empezar a verse más como unbien económico; puesla falta de reconocimiento, en el pasado, del valor económico del agua y del costo real de la prestación del servicio ha dado lugar a formas de utilización derrochadoras y perjudiciales para el medio ambiente. Además, el Informe de la Conferencia seí±ala que el manejo del agua como un bien económico es un medio importante para lograr una utilización eficiente y equitativa, así­ como para fomentar la conservación y protección de los escasos recursos hí­dricos (tomado de la página web de la FAO).

En Venezuela se sigue teniendo la idea del agua comoderecho humano que debe ser provisto y garantizado de forma exclusiva y centralizada por el Estado, lo que dista de las consideraciones realizadas por las Naciones Unidas.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

Esta ley contiene disposiciones que otorgan excesivos poderes al Ejecutivo Nacional. La ley supuestamente busca elbienestar humano y el desarrollo sustentable del paí­s, pero realmente en la práctica lo que genera es más sometimiento de los ciudadanos a las autoridades administrativas, que le imponen cada vez más obligaciones incluso para el aprovechamiento de aguas que se encuentren dentro de sus inmuebles, sin antes haber estimado el monto a indemnizar por la pí©rdida de su derecho de propiedad. Esto, lejos de generar más productividad, genera menos oportunidades y menos libertad.

Como se ha venido diciendo, esta ley concentra amplios poderes en el Ejecutivo lo que es contrario a sociedades libres y autónomas. Además, el agua está sujeta a concesiones, asignaciones o licencias de aprovechamiento, es decir, a más controles hacia los ciudadanos lo que los hace menos autónomos. Además, expresamente se prohí­be el otorgamiento de cualquiera de estos instrumentos administrativos a empresas extranjeras sin domicilio en el paí­s (art. 71) lo que desincentiva la inversión.

Ya ha quedado expresado que existe una fuerte concentración, incluso económica a partir de las disposiciones de esta ley.

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

La ley reconoce al agua como bien indispensable para las personas, sin embargo, las disposiciones contenidas en esta ley no han servido para corregir la problemática de escases de este recurso. Actualmente abundan los casos de falta de agua en cada rincón del paí­s, los cortes programados y racionamiento son ya parte de la vida cotidiana. .

Los costos de esta ley, según lo que se ha venido exponiendo: concentración de poder, falta de autonomí­a ciudadana, falta de adecuación a la visión moderna del recurso hí­drico, etc.; no resultan compensados por los beneficios“desconocidos- que esta ley haya reportado.

La visión obsoleta y las declaratorias de utilidad pública, dominio público etc. que se encuentran en esta ley, habilitan a la Administración Pública a tener un amplio poder e intervención en la vida de los particulares, además la cantidad de permisos que deben solicitarse para el aprovechamiento de aguas puede generar incentivos a la corrupción.

La ley crea al menos 10 instancias que conforman la organización institucional para la gestión de las aguas (art. 21), lo que requiere recursos humanos y financieros, que siempre generan más gasto público en contravención con el principio de austeridad que deben atender todos los organismos del Estado.

Por todo lo anterior, puede concluirse que esta ley ha resultado perjudicial para la sociedad venezolana, pues no resuelve la problemática que entorno al agua existe actualmente en el paí­s, no ha permitido el desarrollo del artí­culo 304 constitucional, ni genera las condiciones para que las personas puedan realmente acceder a este recurso natural. Por lo tanto, será necesaria la reforma de esta ley que disponga una visión más actualizada y más beneficiosa para sociedad.

Evaluado por Giuseppe Graterol Stefanelli

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