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Es imprescindible reformar las normas relativas a la justicia constitucional (JC) presentes en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) a fin de adecuarlas a los principios del Estado de Derecho, incluyendo el impedimento a la usurpación de poderes y la resolución de problemas institucionales de manera imparcial e independiente

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

Las normas de la Justicia Constitucional (JC) en la Ley evaluada (LOTSJ) (artí­culos 25, y 128 a 178) contradicen principios democráticos, pues atribuyen competencias a la Sala Constitucional (SC) que violan la autonomí­a del Poder Legislativo Nacional, como son la de sustituir a dicho Poder en la designación de altos funcionarios como los del Consejo Nacional Electoral, e interpretar en abstracto la Constitución para derivar normas derogatorias o sustitutivas de la ley. Además, como el resto de esta Ley, estas normas se aprobaron sin cumplir con el procedimiento de elaboración de leyes orgánicas.

No respetan el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que hay normas que le permiten a la SC apartarse de lo solicitado por quienes actúan como demandantes para decidir con criterio polí­tico. Tampoco respetan el derecho al sufragio, ni el activo ni el pasivo, ya que al usurpar funciones del Poder Legislativo Nacional (las ejerce ella en lugar de la Asamblea Nacional) desconoce la condición de representantes de los diputados y la elección de los ciudadanos de que esos representantes sean sus diputados.

Es lo que menos respetan estas normas. Permiten una JC contraria a la división de poderes, que convierte a la SC en Gobierno, Administración Pública, Jurisdicción y árbitro electoral, en perjuicio de los órganos que deben ejercer esas funciones. Tampoco brinda seguridad jurí­dica, al permitir que la SC dicte normas constitucionales, legales y hasta administrativas, alterando permanentemente el ordenamiento jurí­dico.

Estas normas no respetan obligaciones básicas en materia de derechos humanos, ya que incitan a la politización de la SC y del resto del Poder Judicial. No hay lí­mites para ejercer competencias como la revisión, la omisión legislativa, la interpretación constitucional o el control concentrado de constitucionalidad, entre otros medios procesales por los cuales viola competencias tanto de otras Salas como de todos los tribunales del paí­s.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

Estas normas no aplican a actividades económicas; sin embargo, deberí­an ser usadas para generar seguridad jurí­dica y tutela de los derechos humanos económicos. En el caso de Venezuela, al ser violatorias estas normas de la LOTSJ de la división de poderes y de la independencia judicial, han generado lo contrario a oportunidades, trabajo productivo y emprendimiento.

Al debilitar al Poder Legislativo Nacional, así­ como a los consejos legislativos y los concejos municipales, por las competencias que atribuye a la SC, más bien estas normas debilitan la ciudadaní­a, la hacen menos autónoma, responsable y solidaria, ya que sustrae de los diputados y concejales en tanto representantes de los ciudadanos la toma de decisiones. Además, elimina la participación ciudadana ante esos poderes y centra en 7 personas numerosas decisiones polí­ticas, sin tener ninguna legitimidad democrática.

Tanto la €œdoctrina€ económica de la SC, como el uso de sus competencias en casos de impacto sobre la economí­a (expropiaciones, controles económicos, derechos sociales, empresas estatales, reservas de actividades económicas, etc.) han concentrado cada vez más y más bienes y actividades en el Gobierno nacional, con el efecto de abolir la competencia, violar los derechos de los consumidores, crear sectores privilegiados y mercados negros y potenciar los niveles de corrupción y de impunidad de este tipo de criminalidad.

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

Las normas sobre la JC de la LOTSJ deben desarrollar las normas previstas en la Constitución sobre esta materia. Estas últimas debí­an responder a una problemática del Poder Judicial, como es la de brindar un sistema de revisión de la constitucionalidad de las decisiones judiciales y mejorar el control de constitucionalidad sobre el Poder Legislativo Nacional, aspectos en que la Constitución de 1961 era deficiente. Pero estas normas no sólo no resolvieron esos problemas, sino que sumaron otros, como la politización del TSJ y la falta de autonomí­a general del Poder Judicial.

Estas normas de la JC comportan elevados costos, tanto económicos como institucionales, pues el funcionamiento de la SC es cuantioso debido a su personal y volumen de trabajo, y sus competencias afectan y alteran a la totalidad de la organización del Estado venezolano. Esos costos no los ha compensado ningún beneficio, pues la SC más bien ha contribuido a abolir la democracia, los derechos humanos y la calidad de vida de la población.

Con las negativas decisiones que ha dictado la SC gracias a estas normas de la LOTSJ sobre la JC en áreas como acceso a la información pública, controles de precios, guí­as de movilización de alimentos y rendición de cuentas de funcionarios públicos, entre otras, ha fortalecido y brindado impunidad a actividades perjudiciales como mercados negros, contrabando, robo de fondos públicos, sobornos, entre otros.

Muy por el contrario, la SC ha sido aliada del Gobierno nacional en el anti democrático proceso de burocratización y centralización de competencias en aquél, al eliminar todo tipo de lí­mites constitucionales y legales para la ejecución del inconstitucional Plan de la Patria 2013-2019, lo que ha tenido un negativo impacto en las finanzas públicas y contribuido a desestabilizar la economí­a nacional.

Evaluado por Antonio Canova

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