Project Description


Warning: Division by zero in /nfs/c08/h02/mnt/123028/domains/parlamentemos.org/html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-content-boxes.php on line 389

Warning: Division by zero in /nfs/c08/h02/mnt/123028/domains/parlamentemos.org/html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-content-boxes.php on line 422

Warning: Division by zero in /nfs/c08/h02/mnt/123028/domains/parlamentemos.org/html/wp-content/plugins/fusion-core/shortcodes/class-content-boxes.php on line 375

Es un Decreto Ley que atenta contra la propiedad privada y el principio de tutela judicial, al dar discrecionalidad a un ministerio para tomar decisiones en materia de desalojo

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

Se trata de un Decreto Ley dictado sin consulta, sin debate, sin participación ciudadana y sin evaluar su impacto socioeconómico. El presidente firma el decreto en Consejo de Ministros y se publica en Gaceta Oficial, de modo que es otra de las tantas legislaciones que no cumplió este procedimiento, ni es expresión del pluralismo polí­tico.

No respeta ni la tutela judicial ni el debido proceso ni la propiedad privada, pues obliga a los arrendadores a seguir un procedimiento administrativo ante un Ministerio, que actúa con criterio discrecional y polí­tico, con prejuicio hacia aquéllos por querer recuperar un inmueble de su propiedad, cuando los casos de desalojo, son de la estricta competencia del Poder Judicial.

Más bien los violenta abiertamente, ya que atribuye al Poder Ejecutivo la competencia para conocer y resolver conflictos arrendaticios por desalojo, cuando esa competencia le corresponde a los tribunales de la República. Usurpa funciones, y elimina el Estado de Derecho para este ámbito de la economí­a, generando absoluta inseguridad jurí­dica.

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda persona tiene derecho a las garantí­as judiciales y a que se respete su propiedad privada. Este Decreto Ley no garantiza ninguno de esos derechos, por tanto incumple con sus obligaciones internacionales.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

Junto con la ley de control y regularización de alquileres y el decreto ley de justiprecio para la adquisición de inmuebles para vivienda, elimina muchas oportunidades de inversión y de oferta de alquileres para vivienda, de modo que no incentiva el emprendimiento ni el trabajo productivo.

Al contrario, promueve el saqueo legal de unos ciudadanos contra otros, y el conflicto social entre arrendadores y arrendatarios, al partir de falacias ideológicas como esta que se lee en la exposición de motivos del decreto: ¦estas familias ocupan las viviendas disponibles en función de su capacidad económica, y permanecen en ellas en la medida que pueden satisfacer las demandas de los arrendadores en los precios de alquiler, que en la mayorí­a de los casos responden a los valores que fija el mercado por ví­a de la especulación inmobiliaria y los intereses capitalistas de los propietarios y arrendadores y no al costo real o un valor razonable de los alquileres.

Las legislaciones centralistas, burocráticas y discriminatorias como la que se evalúa no desconcentran el poder económico, al revés, crean incentivos para que se formen esos grupos, al interior del Estado y alrededor de él, a través de gestores y personas con contactos, que cobran por sus servicios. Es una fuente de privilegios y arbitrariedad.

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

La problemática de déficit de viviendas que se seí±ala en la exposición de motivos, y que es real, no se soluciona ni atiende bien con una polí­tica que propone quitar la propiedad de forma indefinida a los dueí±os que alquilan inmuebles para uso como vivienda y darle la posesión precaria de aquéllos a los inquilinos, diciendo a éstos que tienen derecho a esa arbitrariedad. Se soluciona es aumenta la oferta de inmuebles en alquiler para ese fin, construyendo nuevos inmuebles, y nada de eso lo promueve el decreto-ley.

Los costos del Decreto Ley son varios: eliminación del debido proceso para los arrendadores, violación del disfrute la propiedad privada, violación de la división de Poderes, desincentivo al alquiler y la construcción de inmuebles para uso como vivienda. ¿Beneficios? Sólo para quienes obtienen ingresos ilí­citos para aplicar de un modo u otro el decreto, y los pocos arrendatarios que se quedaran en los inmuebles que ocupan como cómplices de violaciones a la propiedad privada. No compensa sus costos.

No hace nada de esto, y al contrario, incentiva la corrupción, el abuso de poder, la ideologización de la función administrativa, el chantaje para que se autorice o no los desalojos según el inconstitucional artí­culo 9 del Decreto Ley que indica: Si la decisión fuere favorable a la parte contra la cual obra la solicitud, el funcionario actuante dictará una resolución mediante la cual dicha parte quedará protegida contra el desalojo, habilitando la ví­a judicial para el solicitante. Si, por el contrario, la decisión fuere favorable al solicitante, el funcionario actuante Indicará en su resolución el plazo tras el cual podrá efectuarse el desalojo, el cual sólo podrá ejecutarse por orden judicial.

Al atribuir una nueva competencia, por demás inconstitucional, al Ministerio de la Vivienda, aumenta la burocracia, el centralismo y la ineficiencia, pues todos los arrendadores de todo el paí­s deben acudir a ese Ministerio, que todo lo decide en Caracas. Mal puede estabilizar este sector de la economí­a, cuando la base del decreto ley es la ideologí­a de la lucha de clases, en lugar de la cooperación social.

El decreto ley examinado es inconstitucional y contrario a la igualdad ante la ley, viola obligaciones internacionales de derechos humanos y no resuelve el real problema de déficit habitacional para alquiler o para compra de inmuebles para su uso como vivienda. Se lo debe derogar y atribuir al Poder Judicial la materia, a través de normas procesales justas y que garanticen el Estado de Derecho.

Evaluado por Giuseppe Graterol Stefanelli

Descargar evaluación