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Este decreto ley debe derogarse en su totalidad, por constituir una “carta blanca” para violar los derechos humanos en función de la “seguridad de la nación”; que aparece enunciada en términos abstractos y ambiguos.

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrí¡tica y compatible con la Constitución?

Se trata de un Decreto para reformar la ley del año 2002. En esa oportunidad fue debatida y sancionada por la Asamblea Nacional (AN) siguiendo el procedimiento de formación de leyes previsto en la Constitución. Sin embargo, no fueron consultados todos los sectores directamente afectados por esta legislación y la reforma fue elaborada a través de una Ley Habilitante que, cabe acotar, no daba competencias al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad de la nación. Por ello, cabe afirmar que la ley no es democrí¡tica ni respeta la Constitución.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó un par de decisiones en las cuales €“entre otras cosas- se atribuí­a todas las competencias de la AN, aduciendo que ésta se encuentra en desacato. En consecuencia, Nicolí¡s Maduro decidió convocar y reunir al Consejo de Defensa de la Nación, estipulado en la ley bajo aní¡lisis (art. 34 y ss.). A partir esta reunión se decidió exhortar al TSJ a que modificara las decisiones mediante las cuales usurpaba las competencias de la AN. Como se observa, este Consejo de Defensa actuó como si fuera una instancia alzada o superior de la Sala Constitucional del TSJ, lo que permite afirmar que al menos las disposiciones relativas al Consejo de Defensa admiten que en la prí¡ctica se rompan y violen los principios fundamentales del Estado de Derecho en especial la separación de poderes.

A partir del término seguridad de la nación, el Decreto Ley atribuye al Estado la vigilancia, control y resguardo de diferentes actividades de los particulares, especialmente en el í¡rea de ciencia y tecnologí­a (art. 14), sin que quede establecido de manera clara cómo serí¡ la intervención del Estado en estos casos (teniendo en cuenta ademí¡s, que dentro de ciencia y tecnologí­a entran muchas disciplinas). Esto implica la posibilidad de que ocurran intervenciones arbitrarias en nombre de la seguridad de la nación. Por otro lado, la ley permite que el Presidente pueda intervenir militarmente empresas del Estado y servicios públicos, sin expresar las causas que justificarí­an esta decisión (art. 32). Asimismo, se habilita al Presidente €“en caso de movilización- a ordenar la requisición de todos los bienes necesarios para la defensa de la nación (Art. 33) y a declarar como de utilidad pública ciertos espacios geogrí¡ficos (art. 50). Como se observa, la redacción de esta ley es bastante abierta y darí­a lugar a que se produzcan decisiones arbitrarias, particularmente en contra de los derechos de propiedad.

La ley del año 2002 fue reformada en el 2014 con el único objetivo de incluir el artí­culo 59, referido al sistema de protección para la paz. Esta disposición, junto con otras de esta misma ley y otras leyes vigentes han sido la base para que el Ejecutivo cree organizaciones señaladas por algunos como de carí¡cter paramilitar y que han sido denunciadas como flagrantes violadoras de derechos humanos. Tal es el caso de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Como se observa, una vez mí¡s el articulado de la ley permite que se actúe de manera arbitraria, en este caso en franca violación de las obligaciones de tratados internacionales de DDHH.

¿Hace mí¡s libres y prósperos a los ciudadanos?

La redacción del Decreto Ley contiene disposiciones que otorgan excesivos poderes al Ejecutivo, especialmente al Presidente de la República. El sistema de protección para la paz estí¡ destinado a integrar todos los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles polí­tico territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal. Esto quiere decir que busca ser una súper instancia en materia de polí­ticas criminales con el poder de decisión concentrado en el Ejecutivo y que habilita a intervenir en í¡mbitos privados de los ciudadanos. Este tipo de normativa, tí­pica de sociedades cerradas, lejos de generar oportunidades a los ciudadanos, genera cada vez mí¡s sometimiento basado en la supuesta búsqueda del orden interno y externo y el mantenimiento de la paz.

Como se ha venido diciendo, este Decreto Ley concentra amplios poderes en el Ejecutivo, lo que es contrario a sociedades libres y autónomas. Ademí¡s, cabe destacar que esta ley se inspira en la doctrina de amigo-enemigo, donde en nombre de la seguridad de la nación, cualquier persona que disienta de las polí­ticas impulsadas por el gobierno puede ser señalada como enemigo, como amenaza para la seguridad y ser incluso condenado a prisión. Aunado a esto, en el artí­culo 21 la ley promueve abiertamente la iniciativa pública y privada para el desarrollo de tecnologí­a militar, lo que es contrario a una polí­tica de convivencia pací­fica.

Visto que hay un impulso de iniciativas para el desarrollo de tecnologí­a militar y que el sistema de protección de la paz engrana diferentes sectores de la sociedad, encabezado en última instancia por el Presidente de la República, puede decirse que quedan abiertos muchos espacios para la corrupción y privilegios (por ejemplo de empresas que quieran recibir subsidios para el desarrollo de tecnologí­a militar).

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

El objetivo del Decreto Ley (Art. 1) es la seguridad y defensa integral, es decir, mantener un ambiente de paz y concordia entre los ciudadanos. Sin embargo, la ley no solo ha resultado completamente inútil para resolver la problemí¡tica de inseguridad que vive el paí­s, sino que ha agravado esta problemí¡tica pues la disposición contenida en el artí­culo 47 ha servido de base para que en el año 2013, el entonces Viceministro de Seguridad Ciudadana creara las llamadas zonas de paz, que hoy en dí­a no son mí¡s que territorios completamente tomados por la delincuencia, donde se cometen crí­menes impunemente y donde con la anuencia del gobierno se prohí­be la entrada de los diferentes cuerpos policiales y de seguridad (ver: http://bit.ly/1MploVg).

Los costos de esta ley, según lo que se ha venido exponiendo, implican concentración de poder, falta de autonomí­a ciudadana, incentivos para la corrupción, incentivos para la violación de derechos humanos, habilitación para actuaciones violatorias de la propiedad a través de las requisiciones sin garantí­a de indemnización del precio de mercado de los bienes requisados, etc. Tales costos no resultan compensados por los beneficios (desconocidos) que este Decreto haya reportado.

Como se dijo, lejos de resolver el problema la ley ha dado pie a que se generen mí¡s actividades perjudiciales para la sociedad (las OLP y las zonas de paz). Ademí¡s, la alta concentración de poder genera claros incentivos para la corrupción y en consecuencia mal manejo de los fondos públicos.

La ley crea diferentes instancias, lo que siempre requerirí¡ recursos humanos y financieros que generan mí¡s gasto público en contravención con el principio de austeridad que deben atender todos los organismos del Estado, y todo centralizado en el Poder Nacional, sin la participación oportuna de los Gobiernos locales y regionales.

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