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Es imprescindible su derogación y sustitución por una ley no estatista y transparente, como las propuestas que ha adelantado la AN estos dos últimos años, pero sin sus contenidos paternalistas

CUESTIONARIO

¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

Como muchas otras normas, es un decreto ley que no siguió proceso de formación de la ley previsto en la Constitución, no fue consultado con expertos y ciudadanos, y no tomó en cuenta competencias constitucionales de los Estados y Municipios en la materia, afectando la descentralización.

No respeta el derecho de propiedad privada de los beneficiarios de los inmuebles para vivienda que se han edificado con base en el decreto ley, pues limita a aquéllos al mero uso y permanencia condicionada a la discrecionalidad del Gobierno, apelando a falsas categor­as de €œpropiedad€.

Es contrario a competencias constitucionales de Estados y Municipios. Por tanto, afecta la división territorial del Poder Público, ya que viola autonom­a pol­tica del Poder Estadal y el Poder Municipal, en materia urban­stica, de transporte, de servicios públicos, entre otros. No brinda seguridad jur­dica a los beneficiarios de la pol­tica, al crear categor­as ambiguas como €œpropiedad familiar€ y €œpropiedad multifamiliar€.

En materia de propiedad privada no las respeta, y más allá, tampoco en materia de garant­a de derechos sociales, pues no da con esta pol­tica respuesta a la problemática de déficit de vivienda que tienen cientos de familias en el pa­s, y da lugar al riesgo de un chantaje pol­tico permanente.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

La reserva al Estado de facto (monopolio no declarado por ley) de todas o casi todas las actividades de importación, producción, distribución y comercialización de maquinarias y materiales para construir viviendas, as­ como la construcción de estos inmuebles, ha generado barreras para la inversión, el emprendimiento y el trabajo productivo. Hay recesión en el sector e incapacidad manifiesta del Gobierno para solucionar el problema.

En criterio de la organización Acceso a la Justicia, el decreto ley genera lo opuesto a una ciudadan­a autónoma, cuya base es la propiedad privada: €œEsta regulación del Ejecutivo parece un avance, porque establece los mecanismos para hacer efectiva la propiedad de cada familia a la que le es asignada una vivienda, lo que estaba pendiente desde 2011, cuando fue dictado el Decreto Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (publicado en G.O. Extr. Nº 6.021 del 6-04-2011). Sin embargo, el reciente decreto del Ejecutivo sigue sin reconocer la propiedad privada individual a los beneficiarios de esas viviendas, que es la que establece la Constitución en su art­culo 115 y que paradójicamente el decreto cita. En consecuencia, la vivienda puede ser usada por la familia que la habita, pero no vendida, alquilada, hipotecada ni donada (art­culo 8 numeral 4 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.018 extraordinario del 29 de enero de 2011). Esto implica que lo que se da a la familia es un simple derecho de uso, por lo que no ingresa nada a su patrimonio, ni la vivienda es suya€.

Este decreto ley creó grupos con privilegios, benefició a sectores espec­ficos y concentró poder económico en funcionarios y en €œempresarios€ cercanos al partido de gobierno, no por una falla en la planificación, sino justo por lo contrario, por un cálculo de los previsibles resultados, ya que a la luz de la teor­a de la public choice, por ejemplo, se pod­a anticipar hechos como los denunciados en los medios de comunicación sobre esta pol­tica (ver el reportaje €œBeneficiaria de Misión Vivienda acosada por mafias revendedoras de apartamentos€).

¿Ayuda a resolver problemas públicos?

Sin duda, existe una problemática nacional que atender, como es el déficit de viviendas. Pero este decreto no ha contribuido ni siquiera a su solución: €œEl presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Juan Andrés Sosa Branger, considera que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) no ha sido exitosa y asegura que los resultados de este programa son los peores que ha tenido nuestro pa­s en toda la historia republicana. El empresario recordó que en noviembre del año pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó haber invertido US$ 95.000 millones para construir 1 millón 150 mil viviendas. Luego, en febrero de 2017, anunció la ejecución de 350 mil inmuebles más, lo que Sosa Branger calificó de €˜poco probable€™ y argumentó que gran parte de los números que muestra el Gobierno obedecen a apartamentos y casas remodelados. €˜Suponiendo como válida la cifra del Gobierno, cuando divides 95 mil millones entre el número de casas, presumiendo que todas son nuevas, el valor de cada una es de 83 mil dólares y al revisar estas cifras se refleja una situación alarmante, porque una vivienda de este estilo a nivel internacional no cuesta más de 45.000 dólares en pa­ses como Panamá, República Dominicana, Costa Rica o Chile€™, precisó€ (ver: https://goo.gl/3GNP85 ).

Los beneficios de este decreto ley han sido electorales y para el Gobierno. Mal puede afirmarse que la situación en que se encuentran los habitantes de las edificaciones de esta pol­tica sea un beneficio. No están en la calle, pero esas edificaciones no cumplen con variables ambientales, urbanas o sanitarias. Los servicios públicos y el trasporte no fueron previstos en la planificación. Las urbanizaciones existentes se han visto afectadas injustamente y, como ya se dijo, estos beneficiarios no son propietarios.

En la respuesta 7 ya se anticipó la respuesta: no crea incentivos beneficiosos, sino perjudiciales, que en la práctica implican coacción arbitraria de ­ndole pol­tica y económica en contra de los beneficiarios. Al mismo tiempo, crea privilegios a funcionarios, contratistas, gestores, empleados, etc., con poder o potestad para decidir quién se beneficia y quien pierde el beneficio que €œotorga€ esta misión.

Como se indicó, este decreto ley, ha consolidado una suerte de monopolio estatal de facto para la construcción de viviendas, que es contrario al sistema socioeconómico previsto en los art­culos 112, 113, 115 y 299 de la Constitución. Ha implicado la creación de más empresas estatales mixtas, más órganos centralizados y restado autonom­a a los Municipios en especial en esta materia. No ha generado disciplina en las finanzas públicas, que se manejan sin transparencia alguna en esta área (ver informe de Transparencia Venezuela sobre el tema: https://goo.gl/5gni9T) y no brinda estabilidad a la econom­a del pa­s en un sector tan importante en cualquier sociedad como el de la construcción.

Es forzoso concluir que el decreto evaluado no es conveniente, ni beneficioso, ni sostenible en términos económicos para Venezuela. Debe ser derogado por una ley democrática realista, no estatista, que garantice transparencia, participación del sector privado y la propiedad privada de los beneficiarios, como lo hace Ley de Otorgamiento de T­tulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público, pero sin caer en contenidos populistas y paternalistas como ésta.

Evaluado por Giuseppe Graterol Stefanelli

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