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Es una ley, en general, valiosa y positiva, aunque requiere reformas puntuales en cuanto a temas como la regulación del equilibrio entre Poderes Públicos y los supuestos de remoción de sus funcionarios, que son muy genéricos

CUESTIONARIO

á¿Es una ley democrática y compatible con la Constitución?

La ley fue sancionada en 2001 por una Asamblea Nacional (AN) plural, elegida en 2000, siguiendo el procedimiento de formación de la ley previsto en la Constitución. Regula el funcionamiento de la Contralorí­a General, del Ministerio Público y de la Defensorí­a del Pueblo actuando a través del Consejo Moral Republicano (CMR) creado por la Constitución de 1999. No hubo consulta ciudadana. No aplica a Estados y Municipios.

Los integrantes del Poder Ciudadano pueden ser removidos por la AN, previa autorización de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esa competencia compartida es positiva. Sin embargo, hay supuestos de remoción que son muy genéricos, y podrí­an servir para sanciones arbitrarias. Por ejemplo, cuando establece que hay remoción del Contralor, el Fiscal o el Defensor del Pueblo ဦpor incumplimiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberess.

En general los respeta, en especial los derechos a la defensa y al debido proceso de Magistrados y funcionarios en el ámbito sancionatorio. Presenta algunos déficits en materia del principio de legalidad sancionador, como se explicará.

La ley procura lograr un equilibrio entre Poderes, al hacer depender del Poder Ciudadano y del Poder Legislativo la remoción de los Magistrados del TSJ por incurrir en faltas graves. Ello es positivo, pero algunos de los supuestos en que ha lugar a la remoción de los Magistrados son genéricos, no se ajustan a la exigencia de ley ciertas del principio de legalidad sancionador. Por ejemplo, se considera falta grave ဦcuando atenten, amenacen, o lesionen la ética pública y la moral administrativa establecida en la presente Leys o cuando violen, amenacen, o menoscaben los principios fundamentales establecidos en la Constitucións. Es delicado, pues puede dar lugar a remociones por interés polí­tico del Legislativo o del Gobierno nacional.

¿Hace más libres y prósperos a los ciudadanos?

Es una ley de organización de una rama del Poder Público, y su incidencia en materia económica y social es casi imperceptible. De modo que no aplica en este caso la pregunta formulada.

No es una ley de participación, pero sí­ puede fomentarla e incentivar en la Contralorí­a, el Ministerio Público y la Defensorí­a el servicio al ciudadano, así­ como a través del CMR. Sin embargo, incluye conceptos que no apuntan en esa dirección, como el de moral administrativas, que define como la obligación que tienen los funcionarios, empleados y obreros, de los organismos públicos, de actuar dando preeminencia a los intereses de Estado por encima de los intereses de naturaleza particular o de grupos dirigidos a la satisfacción de las necesidades colectivass.

La ley delega en el CMR una amplia potestad reglamentaria para fijar en el ordenamiento jurí­dico interno respectivo las normas, procedimientos y baremos para la postulación y evaluación de los miembros del Poder Ciudadanos. Las normas de integración y funcionamiento del Comité de Evaluación de Postulaciones al Poder Ciudadano deberí­an estar en la ley, y ser generales y abstractas, para evitar omisiones y discrecionalidad.

á¿Ayuda a resolver problemas públicos?

Un problema para cualquier sociedad es lograr que los que vigilan en última instancia, no carezcan de vigilancia. Es positivo que los Magistrados del TSJ no gocen de impunidad, pero las denuncias en su contra deberí­an reunir requisitos y soportes definidos en la ley evaluada, y no por el CMR como ella lo permite. El procedimiento también debe ser adecuado para garantizar el debido proceso y decisiones motivadas. Esto último sí­ lo cumple la ley.

Hay un costo de la ley, en aras de la celeridad y la efectividad, que no es compensado por sus beneficios. El remitir al ordenamiento jurí­dico internos del CMR los requisitos para integrar el Comité de Evaluación de Postulaciones y que en caso de no convocarse éste, que la Asamblea Nacional pueda designar directamente a los integrantes del Poder Ciudadano sin participación ciudadana alguna en un tiempo no mayor a treinta (30) dí­as continuoss.

La asignación dentro del presupuesto general del Estado [de] una partida anual variable para el funcionamiento del Consejo Moral Republicas no puede implicar menoscabo de la autonomí­a y suficiencia presupuestaria de la Contralorí­a General, el Ministerio Público y la Defensorí­a del Pueblo. Serí­a necesario aclarar cómo la Contralorí­a General puede auditar al CMR, y cómo las competencias sancionatorias de éste no se confunden y solapan con las de los tres órganos que integran este Poder.

Podrí­a contribuir capacitando a funcionarios y ciudadanos en materia de transparencia, rendición de cuentas, prevención de delitos contra el patrimonio público, normas éticas y acceso a la información. También en materia de investigación penal y participación en materia de justicia. En lugar de ello, seí±ala que el CMR desarrollará y promoverá actividades pedagógicas dirigidas (ဦ) al amor a la patria, a las virtudes transcendentales del Estado venezolanoဦs.

Por todo lo anterior, la ley evaluada amerita de una reforma puntual, que mantenga los aspectos positivos seí±alados, como son la regulación de equilibrio entre los Poderes y las garantí­as en materia sancionatoria, y que corrija los que no lo son, como la falta de normas claras en materia del Comité de Postulaciones, de separación de presupuestos entre el CMR y los órganos que lo integran, de diferenciación de competencias sancionadoras y de ambigí¼edad o generalidad excesiva en algunos supuestos de remoción de Magistrados y de integrantes del propio Poder Ciudadano.

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