Las ONG Acceso a la Justicia y Un Estado de Derecho resaltan cómo las condiciones laborales de más del 70% de los jueces atentan contra la independencia de la justicia.

Casi 80% del presupuesto del Poder Judicial en Venezuela se gasta en aspectos salariales. A pesar de esto, la cantidad de jueces que tenemos es insuficiente, por lo que no es posible garantizar a los ciudadanos un servicio de justicia de calidad y oportuno, a juicio de la ONG Acceso a la Justicia.

Para ilustrar tal afirmación, la organización resalta que, mientras que entre 2003 y 2012, la cantidad de jueces era de 6,8 por cada 100.000 habitantes, a partir de ese año hasta el pasado esa cifra ha descendido, lo que va en contravía con las cifras de Latinoamérica: según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) existen 9 jueces por cada 100.000 habitantes en la región.

Acceso a la Justicia coincide con la asociación civil Un Estado de Derecho al asegurar que de los 2099 jueces que existen en el país más de la mitad de los jueces del país 1166 (56%) son provisorios, 244 son temporales (12%), 16 son accidentales (0.76%), 87 son suplentes especiales (4.24%) y apenas 575 (27%) son titulares. En otras palabras, casi tres cuartas partes de los jueces no son titulares, lo que implica que no cumplen con la obligación constitucional de ser nombrados mediante concurso público.

Al no ser titulares, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no les reconoce estabilidad en el cargo, por lo que “no tienen derecho a un proceso disciplinario con el mínimo de garantías que exige un Estado de Derecho y pueden ser destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ mediante un simple oficio, sin explicación alguna”, alerta la asociación civil.

Esta precariedad en sus puestos dificulta la independencia en las decisiones, pues los jueces no titulares saben que su empleo está en juego cada vez que sus sentencias desagradan o disgustan a sus superiores.

Función politizada

Junto a los problemas de falta de eficiencia e independencia de los jueces de inferior jerarquía y del resto del personal del Poder Judicial, se encuentra el grave problema de la politización de la función judicial, el cual se origina con el control que el partido de Gobierno mantiene desde 2004 sobre el TSJ,, tal y como lo afirmó el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco en entrevista al diario español ABC, el 09 de octubre de 2015.

En esa oportunidad, el vocero de la ONG alertó: “El Poder Judicial en Venezuela está capturado desde 2004, no cuenta con la más mínima independencia, la concentración de poder es prácticamente total. Cualquier abogado tiene la obligación ética y jurídica de agotar todas las instancias, pero esas decisiones se toman en el Palacio de Gobierno y no en el Poder Judicial. No tengo mayor esperanza en que instancias superiores del Poder Judicial puedan revertir una sentencia que constituye una arbitrariedad”.

La situación se ha agravado de forma considerable en fecha reciente, luego que la Sala Plena del TSJ reformara las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial, para darle más poder a la centralizada Comisión Judicial del TSJ, cuyas competencias son contrarias a todas las recomendaciones e indicadores sobre independencia judicial existentes.

Entre las nuevas responsabilidades de la Comisión Judicial se encuentran, según la normativa publicada en Gaceta Oficial N° 40.972 planificar, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los concursos de oposición para asignar tribunales.

Un reportaje publicado en el diario El Tiempo en 2016 destaca el cambio y politización que implica esta reforma. “La normativa anterior, de 2005, otorgaba esta responsabilidad a la Escuela Nacional de la Magistratura, por ser la institución encargada de la formación y capacitación de los jueces y demás funcionarios judiciales.

Sin embargo, en el nuevo instrumento el TSJ decidió encomendarle la tarea a la instancia integrada por los presidentes de las seis salas que componen el organismo, Gladys Gutiérrez (Sala Constitucional), María Carolina Ameliach (Sala Político Administrativa), Maikel Moreno (Sala Penal), Indira Alfonzo (Sala Electoral), Marjorie Calderón (Sala Social) y Gustavo Blanco (Sala Civil)”, destaca el relato periodístico, que alerta que la Comisión Judicial es la responsable de nombrar y remover a los jueces provisorios, que, como su nombre lo indica,l son considerados de libre nombramiento y remoción, lo que atenta contra la independencia judicial, según fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo ejercer el control político de la AN sobre el sistema judicial?

La Asamblea Nacional (AN) no ejerce control político respecto de los Poderes Públicos distintos al Ejecutivo Nacional, ya que dicho control, cuya máxima expresión es la posibilidad de declarar la responsabilidad política de funcionarios y acordar votos de censura en su contra (con o sin remoción del cargo), está reservada por la Constitución sólo respecto de los funcionarios que trabajan en el Gobierno y la Administración Pública Nacional, como lo indica el numeral 3 del artículo 187 de la Carta Magna.

Sin embargo, la AN si puede (y debe) ejercer la competencia constitucional de realizar investigaciones parlamentarias, con base en el artículo 223 de la Constitución a través de la comisión permanente competente en la materia, una subcomisión o una comisión especial.  Para realizar esta investigación puede valerse de comparecencias, preguntas, audiencias y visitas a las oficinas, en este caso, del Poder Judicial.

Tres son los objetivos de estas investigaciones:

  • Conocer e informar a la ciudadanía acerca de las causas de situaciones irregulares en los Poderes Públicos.
  • Tener mejor criterio al momento de discutir y sancionar reformas legales que sean apropiadas
  • Decidir sobre la base de suficiente evidencia qué ajustes en materia de presupuesto es necesario aprobar para una actuación más independiente y eficiente de estos Poderes Públicos.

Teniendo en cuenta la situación del Poder Judicial antes descrita, de un lado, y la información contenida en el informe de la asociación civil Un Estado de Derecho titulado Propuesta de Investigación Parlamentaria para la Asamblea Nacional sobre la Independencia y Eficiencia del Poder Judicial, que próximamente estará disponible en el portal Parlamentemos, se propone a la AN que inicie una investigación parlamentaria y remita un cuestionario a los órganos con autonomía funcional del Poder Judicial, como son la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Jurisdicción Disciplinaria y la Escuela de la Magistratura, y a los funcionarios subalternos que laboran en la Comisión Judicial, con las siguientes preguntas, entre otras:

  • ¿Cuáles son los medios establecidos para garantizar procesos de selección -de jueces y demás funcionarios judiciales- objetivos, libres de discriminación y con igualdad de condiciones? ¿Cómo se garantiza que el proceso de selección esté libre de privilegios?
  • ¿Cómo se elaboran los concursos de oposición, que evalúan y qué parámetros se utilizan para evaluar a los concursantes?
  • ¿Se garantiza que los aspirantes tengan estudios especializados según la materia en la cual se van a desempeñar como jueces y una reputación intachable, libre de antecedentes penales, libre de posiciones partidistas, libre de acusaciones por casos de corrupción?
  • ¿Antes de la selección se realizan convocatorias públicas para que se presenten todos los aspirantes a los cargos vacantes?
  • ¿Se dan a conocer los criterios que serán tomados en cuenta para la selección?
  • ¿Por qué actualmente en el Poder Judicial hay cerca de un 80% de cargos provisionales, si estos deben ser la excepción?
  • ¿Quiénes juzgan a los funcionarios judiciales distintos a los jueces?
  • ¿El TSJ interviene directa o indirectamente en las funciones que debe desempeñar el gobierno del poder judicial? ¿Hay alguna vinculación entre ambas instancias? ¿El gobierno del Poder Judicial es un órgano independiente de los magistrados del TSJ?
  • ¿El órgano de selección y nombramiento en sí mismo es independiente de otros órganos del Poder Judicial y de los demás Poderes Públicos?
  • ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan que los que conforman el gobierno judicial tienen aptitudes para ello?
  • ¿Dentro de las exigencias para integrar el gobierno judicial se establece la experiencia en gerencia y gestión pública en el área judicial?
  • ¿Cuáles son los mecanismos empleados para garantizar la independencia del órgano encargado del régimen disciplinario? ¿Cómo se garantiza que este órgano tenga suficientes conocimientos técnicos y que lleve a cabo procedimientos justos y transparentes?
  • ¿El órgano de juzgamiento es independiente de otros órganos del Poder Judicial y de los demás Poderes Públicos? ¿Cuáles son los mecanismos que garantizan su independencia?
  • ¿Las personas encargadas del Gobierno y disciplina dentro del Poder Judicial cuentan con estabilidad en sus cargos?
  • ¿Qué criterios son tomados en cuenta y qué procedimiento sigue la Sala Plena para elegir a los directivos de la DEM? ¿Qué medidas de transparencia y de rendición de cuentas aplica el TSJ para dar publicidad a esta actividad?
  • ¿Qué participación tiene la sociedad organizada (Facultades de Derecho, Colegios de Abogados, ONG), en la designación de los directivos de la DEM?
  • ¿Qué estabilidad y régimen de permanencia tienen los directivos de la DEM en el ejercicio de sus cargos y cuál es su régimen disciplinario?
  • ¿Qué grado de autonomía administrativa y presupuestaria tiene la DEM, en cuanto al gobierno del Poder Judicial, respecto de la Sala Plena del TSJ?
  • ¿Qué participación tiene la DEM ante la Sala Plena del TSJ en el proceso de elaboración del presupuesto del Poder Judicial?
  • ¿Cómo se ha logrado que la Comisión Judicial no invada competencias de la DEM y cómo se justifica la existencia de la primera, al no tener base constitucional?
  • ¿Qué razones cabe invocar para mantener la figura de la Comisión Judicial en una futura Ley Orgánica del Poder Judicial?
  • ¿Qué límites tiene la Comisión Judicial, desde el punto de vista de competencias y autoridad jerárquica, para no incurrir en injerencias abusivas en la DEM y en el funcionamiento de los tribunales?
  • ¿Qué mecanismos se adoptan para que las peticiones y exigencias de jueces de instancia sean consideradas y atendidas por la DEM, y no solo se respondan a las de superior jerarquía?
  • ¿Existe públicamente y a disposición de la ciudadanía en general una estructura de sueldos de todos los jueces y demás funcionarios judiciales?
  • ¿Existen documentos como una estructura de sueldos u otros donde se justifiquen los sueldos que devengan los jueces y demás funcionarios judiciales?
  • ¿Se establecen incentivos económicos para jueces y demás funcionarios judiciales según capacitación, ascenso y metas?
  • ¿Existen programas de créditos y oportunidades para compra de viviendas, vehículos, educación y servicios de salud para jueces y demás funcionarios judiciales?
  • ¿Está garantizado que el retiro de los jueces y demás funcionarios judiciales se haga a una edad o tras una cantidad razonable de años de servicio?
  • ¿El sistema de jubilaciones y pensiones garantiza una aceptable calidad de vida luego de su retiro a jueces y demás funcionarios?
  • ¿Los tribunales cumplen con las debidas garantías de prevención, salud y seguridad laborales?
  • ¿Las infraestructuras de los tribunales son adecuadas en cuanto a espacio y acondicionamiento para la cantidad de trabajadores y visitantes que diariamente usan las instalaciones?
  • ¿Los tribunales ubicados en edificios con más de un nivel cuentan con ascensores operativos, rampas, escaleras de emergencia, que garanticen el cómodo acceso de los trabajadores y visitantes, incluso aquellos con discapacidades?
  • ¿Los tribunales se encuentran debidamente acondicionados con insumos de higiene personal tanto para los trabajadores como para los visitantes?

¿Las autoridades competentes en materia de prevención, seguridad y salud laborales realizan supervisiones periódicas al Poder Judicial para corroborar el cumplimiento de la normativa vigente?

Realizado por: A.C. Un Estado de Derecho