La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó mediante decisión del 11 de julio constitución de la Empresa Mixta Petrosur, que estará conformada por la Corporación Venezolana de Petróleo, S.A (CVP) y Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, sustituyéndose con tal proceder, una vez más, en la Asamblea Nacional, a la que corresponde aprobar o no el contrato por el cual una empresa de estas características puede crearse.

 

Esta nueva empresa mixta estará ubicada según se indica en la decisión, en el campo Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”, región del país en la que vienen otorgándose desde hace un buen tiempo permisos, contratos y autorizaciones para el aprovechamiento sin contar con ni una sola aprobación de la Asamblea Nacional, no obstante ser una exigencia explícita de la Constitución nacional.

 

Para hacer efectiva la “aprobación” dada al Ejecutivo Nacional, la Sala ordenó presentar “copia certificada del presente fallo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al Procurador General de la República y al Contralor General de la República”, pretendiendo justificar todo este proceder en el supuesto “desacato constitucional que presenta la Asamblea Nacional desde julio de 2016″.

Cabe recordar que en su decisión No. 156 de marzo de 2017, ya esa misma Sala, integrada por ex militantes y simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había “interpretado” en contra de la letra de la Constitución y de los resultados electorales del 6 de diciembre de 2015, que el Ejecutivo nacional podía constituir libremente empresas petroleras mixtas con base en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sin tener que contar con la aprobación previa de la Asamblea Nacional.

No obstante, como se ha explicado en editoriales de Parlamentemos.org, no existe tal desacato por parte de la Asamblea Nacional a “sentencias” del Tribunal Supremo, tampoco son “sentencias” las que se han dictado en contra del Poder Legislativo Nacional desde ese Tribunal sino actos político-partidistas disfrazados de fallos judiciales, ni tampoco es permitido por la Constitución de 1999 el que la Sala Constitucional se sustituya, ocupe el lugar y las competencias, de la Asamblea Nacional.

En vista de lo anterior, el presente caso no es otra cosa que una nueva usurpación de funciones por parte de la Sala Constitucional en violación de las competencias jurídicas y legitimidad democrática de la Asamblea Nacional, que tiene por objeto no sólo insistir en el desconocimiento político del Poder Legislativo debido a su no subordinación al Partido de Gobierno, sino a permitir el uso incontrolado y sin rendición de cuentas de cuantiosos recursos públicos, en la creación de empresas que no cuentan con justificación jurídica y económica alguna.

 

De allí las declaraciones dadas por el diputado Elías Matta, vicepresidente de la comisión Energía y Petróleos de la Asamblea Nacional, quien aseguró “que la creación de empresas mixtas solo le compete a la AN, por lo que la creación de Petrosur no solo viola la Constitución de Venezuela, sino la Ley Orgánica de Hidrocarburos…” Según Matta, “…esta violación por parte del TSJ se inicia con las sentencias 155 y 156 en las que el Máximo venezolano le resta competencias al Parlamento Nacional. Sin embargo (…) pese a que estas fueron corregidas, extrañamente lo único que dejaron vigente fue que las empresas mixtas que Pdvsa iba a crear, no serían aprobadas en la Asamblea Nacional sino por el TSJ”.

 

Correctamente, el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática explicó “que las asociaciones con contratos de interés públicos o con empresas extranjeras debe pasar por la AN. Del mismo modo, afirmó que el art. 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dice que toda empresa mixta debe ser de mayoría Pdvsa, además que las condiciones de ese contrato debe ser aprobado por el Parlamento”. En conexión con lo anterior, Matta destacó “que en año y medio que lleva esta AN, Pdvsa no presentó ni una sola empresa mixta para su creación. En todos los países petroleros hay rondas de licitación de los campos petroleros, ¿por qué en Venezuela no las hay?”.

 

Por último, el diputado señaló que “60% de Petrosur le pertenecerá a Pdvsa, mientras que el 40% a Inversiones Petroleras Iberoamérica”, cuyo representante arroja serias sospechas de transparencia, ya que “aparece el nombre se José Manuel Blanco, un español, como consejero delegado, sin embargo, esa misma persona es también consejero delegado de una empresa del mismo nombre en Madrid, España, en sociedad con el ex presidente de Repsol, Alfonso Cortina”.

 

Con base en lo señalado, el diputado por el Estado Zulia recalcó que surgen al menos cuatro interrogantes en la creación de esta empresa, Petrosur:

  1. ¿Por qué no se hizo licitación, cómo en todos los países petroleros?
  2.  ¿Por qué se violan tres artículos, dos de la constitución los 150 y 187 y uno de la Ley de Hidrocarburos, el 33?
  3. ¿Por qué si es la AN la que debe aprobar la creación, en año y medio que lleva esta AN, Pdvsa no presentó ni una sola empresa mixta para su creación?
  4. ¿Cuál es la experticia de esa empresa petrolera?

Visto el grave riesgo de que se empleen recursos públicos en una nueva empresa estatal sin evaluación previa de los costos y beneficios que puede ello implicar para la República, al no respetarse el procedimiento parlamentario de aprobación previa, es necesario que la Asamblea Nacional ejerza su función constitucional de control parlamentario durante la fase constitutiva de la empresa Petrosur, a través de preguntas escritas dirigidas a la Sala Constitucional, en cabeza de su Presidente, Juan José Mendoza Jover, y una interpelación al Presidente de Pdvsa, para que respondan las siguientes preguntas:

Sala Constitucional:

  • ¿Qué información financiera, contable, económica y técnica toma en cuenta la Sala Constitucional para aprobar la creación de empresas mixtas en lugar de la Asamblea Nacional?
  • ¿Formula preguntas y realiza audiencias con los responsables de la constitución por parte del Gobierno nacional de estas empresas mixtas?
  • ¿Cuál es la justificación económica y social de la creación de Petrobras dada por el Ejecutivo nacional y por qué para la Sala esa justificación es satisfactoria?
  • ¿Supervisa la Sala Constitucional el cumplimiento de la Ley de Contrataciones por parte del Ejecutivo nacional y de Pdvsa en el contrato con empresas extranjeras para crear estas empresas mixtas?
  • ¿Qué evaluación hace la Sala Constitucional del impacto ambiental y social que la creación de esta nueva empresa mixta hace en la Faja Petrolífera del Orinoco?

 

Presidente de Pdvsa:

  • ¿Por qué es necesario crear una nueva empresa mixta en la Faja Petrolífera del Orinoco?
  • ¿Qué pruebas tiene de cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública para la creación de entes descentralizados con fines empresariales?
  • ¿Qué estudio económico financiero elaboró Pdvsa para proponer al Ejecutivo nacional la creación de Petrosur? ¿O fue una orden política directa del Ejecutivo?
  • ¿Qué costo tendrá para la República la creación de esta nueva empresa mixta y qué beneficios económicos y sociales se tendrán gracias a la inversión?
  • ¿Qué procedimiento de selección de contratistas de la ley vigente se aplicó para seleccionar al co-contratista? ¿Cumple con todos los requisitos para ser parte contratante de una empresa propiedad de la República?
  • ¿Qué evaluación hace de la compañía Inversiones Petroleras Iberoamérica y de su representante el señor José Manuel Blanco, señalado de tener vínculos con otras empresas del sector?
  • ¿Qué estudios de impacto ambiental ha realizado Pdvsa para proponer o aceptar la constitución de una nueva empresa mixta en la Faja Petrolífera del Orinoco y qué resultados arrojaron esos estudios?