Según datos de la ONG Foro Penal, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2017 han sido asesinadas 92 personas que se encontraban manifestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro, de esas 92 personas se ha establecido que 67 han sido asesinadas como con secuencia directa de la represión. Para reprimir a los manifestantes los cuerpos de seguridad se han valido de armas de fuego en clara contravención con la legislación venezolana y normas internacionales, Maduro declaró que “jamás, bajo ninguna condición” debían usarse armas de fuego, ese mismo día un joven de 17 años fue asesinado por la Guardia Nacional con un disparo en el tórax. Ante este hecho el Ministro Néstor Reverol señaló que presumía el uso desproporcionado de la fuerza.

 

El número de heridos durante las manifestaciones asciende a 3.500, de éstos, 1.500 han ocurrido en el mes de junio lo que revela que la violencia en la represión va en escalada, además cabe destacar que muchas de las heridas provocadas son graves o gravísimas con resultado como perdida de órganos, intervención quirúrgica y sometimiento a cuidados intensivos.

 

Además, de los asesinatos y heridos, entre el 1 de abril y la primera semana de julio, se han practicado 3.589 detenciones a manifestantes y hasta esa fecha más de 1.000 personas se mantienen tras las rejas, es decir, más de tres mil personas fueron arrestadas en tres meses por disentir; 415 de ellas presentadas ante tribunales militares en abierta violación de sus derechos y 245 privadas de libertad por decisión de tribunales militares incompetentes para juzgar a civiles.

 

También en el contexto de protestas que se vive en el país se han registrado un número alarmante de casos de tortura y tratos crueles, golpizas, abusos sexuales a hombres y mujeres, personas guindadas por horas de sus manos, etc.

 

Asimismo, se ha verificado un patrón sistemático de violación al hogar doméstico o  al domicilio en lugares donde se han producido protestas. Resaltan los casos del Conjunto Residencial El Paraíso, Caracas, conocido como “Los Verdes” y al menos otras 10 residencias en diferentes lugares del país donde los funcionarios irrumpen ilegalmente, sin que medie orden judicial alguna y sin que se den los supuestos de ley excepcionales para ello, utilizando vehículos blindados, e incluso armas de fuego de alto calibre, para derribar rejas y puertas, causando daños en las áreas comunes de estos lugares de residencia, que son propiedad privada, llegando a herir y golpear a personas y mascotas que se encuentran dentro de sus hogares y realizando arrestos arbitrarios, y logrando así amedrentar a la ciudadanía, creando un clima generalizado de temor a manifestar.

 

En todos estos casos de abusos, violaciones y asesinatos se identificaron como cuerpos de seguridad represores actuantes: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en muchos casos actuando en conjunto con funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CNPB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), entre otros, incluso han intervenido cuerpos armados paramilitares que actúan completamente a margen de la Ley y con la anuencia o en plena complicidad con los cuerpos de seguridad del Estado.

 

En lo que respecta a la sistematicidad en los asesinatos durante las manifestaciones cabe concluir hasta ahora que se han realizado teniendo como fundamento un esquema de represión notorio, planificado y parte de una directriz constante aplicada por funcionarios de los cuerpos de seguridad contra un grupo determinado de ciudadanos que son identificados y calificados arbitrariamente por el Estado como opositores o de disentir de la línea oficial. En términos generales, además, hecha la salvedad de los casos en los que las evidencias incriminatorias son incuestionables y se hacen del dominio público, la regla general es la impunidad, tolerada y promovida por el Estado, lo que da cuenta de que los ataques contra la vida de las personas son parte de una política de Estado, avalada, tolerada y ejecutada con pleno conocimiento de dichos ataques. Por estas razones, concatenados estos asesinatos con las sistemáticas y arbitrarias limitaciones al derecho a la libertad física, y con las también sistemáticas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes a los que se somete a los detenidos, también amparadas por la impunidad promovida o tolerada por el Estado, estos hechos pueden ser considerados como un Crímenes de Lesa Humanidad, ya que encuadran dentro de lo previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

(Toda la información que precede ha sido tomada del “Reporte sobre la represión en Venezuela durante manifestaciones” del mes de junio, elaborado por el Foro Penal Venezolano).

Teniendo en cuenta los diferentes casos de asesinatos, violaciones y abusos, practicados por los diferentes cuerpos de seguridad, que el Foro Penal se ha encargado de documentar en detalle, resulta urgente que la Asamblea Nacional ejerza su función constitucional de control político levantando un expediente en el que reposen claramente todas las evidencias incluso fotográficas y filmográficas que existen de los excesos, abusos, violaciones y asesinatos practicados por funcionarios públicos o personas uniformadas e identificadas como cuerpos de seguridad del Estado. Este expediente podrá levantarse con los testimonios y colaboración de las víctimas y periodistas que también han documentado los miles de casos de excesos, una vez recopilada la información debe hacerse entrega formal al Ministerio Público para que se realice una investigación en bloque de todos los casos por ser crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática y planificada. Además, se propone la interpelación de los máximos representantes de los cuerpos de seguridad señalados como perpetradores de los crímenes (GNB, CONAS, CNPB, SEBIN y CICPC) para que, entre otras, respondan las siguientes preguntas:

  • ¿Quién dicta las órdenes de represión de manifestaciones?
  • ¿Por qué se usan armas de fuego para reprimir?
  • ¿Por qué se somete a los detenidos a tratos crueles e inhumanos?
  • ¿Por qué se permite el abuso sexual de los detenidos?
  • ¿Qué investigaciones se han adelantado contra los funcionarios que han excedido en el uso de la fuerza o han asesinado?
  • ¿Por qué se han practicado violaciones al domicilio en todo el país?
  • Se ha constatado que 67 personas han muerto por causas directamente ligadas a la represión ¿Qué han hecho al respecto? ¿dónde están los responsables? ¿existen funcionarios imputados por la comisión de estos delitos?
  • Se han registrado 3.500 casos de heridos graves y gravísimos ¿quiénes son los responsables? ¿se han planteado indemnizar a estas personas por el uso excesivo de la fuerza?
  • ¿Por qué se han detenido más de 3.000 personas si la manifestación es un derecho? ¿por qué cientos de personas detenidas son llevadas ante la jurisdicción militar que es incompetente para conocer en esos caso.