Propuesta realizada en colaboración con El Pitazo 

Apenas 12,5% de los organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación han designado sus comisiones de contrataciones públicas, que se encargan de evaluar y opinar acerca de la contratación de bienes y servicios del sector público.

Las empresas filiales adscritas a la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval) y 26 de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspalca), junto a Friosa Productiva, el Grupo San Simón y la Corporación Productora, Distribuidora y Mercado de Alimentos (Corpo-Pdmercal) suman una lista de 70 entes adscritos al Ministerio de Alimentación que no han publicado en Gaceta Oficial sus comisiones de contrataciones públicas.

El artículo 3 de la Ley de Contrataciones Públicas establece que los órganos, entes, universidades públicas, el Banco Central de Venezuela y aquellas fundaciones, asociaciones civiles o sociedades mercantiles donde el Estado tenga una cantidad mayor o igual a 50 % de las acciones, son sujetos de aplicación de esa ley. En este sentido, Cval y Cuspalca son corporaciones matrices que agrupan a 78 empresas públicas en las que el Estado tiene más de 50 % de las acciones; pero al menos 67 de esas filiales no han publicado en Gaceta Oficial los nombramientos y estructuración de sus comisiones de contrataciones públicas.

El Pitazo encontró que 33 de las 70 empresas filiales han adquirido bienes y servicios sin que las empresas matrices, en este caso Cval y Cuspalca, lo hagan por ellas y sin haber publicado en Gaceta Oficial sus comisiones de contrataciones públicas. Al menos 24 de las 42 filiales de Lácteos los Andes, el Consorcio Pesquero Islamar, seis empresas mixtas cubanas-venezolanas, el Centro de Almacenes Congelados, C.A. (Cealco)  y, en su momento, Corpo-Pdmercal, han celebrado contratos y adquisiciones al margen de la ley, según consta en la página web oficial del Servicio Nacional de Contratistas.

Mildred Rojas, abogada de la ONG Transparencia Venezuela, explica: “En el fondo, la comisión se crea porque los montos son tan altos que se necesita de un cuerpo colegiado que evalúe que los recursos se están destinando de una manera adecuada, racional y legal. Para que la contratación sea legal, objetiva, transparente y porque se necesita”.

Los titulares del Ministerio de Alimentación durante la gestión de Nicolás Maduro, todos militares, designaron a compañeros de sus promociones en puestos clave en la nómina ministerial, según detalla el reportaje “El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos”, escrito por Arysbell Arismendi.

Uno de estos funcionarios, el mayor general Hebert García Plaza, continúa prófugo de la justicia, porque salió del país luego de que fue acusado por el Ministerio Público de comprar barcos con sobreprecio cuando se desempeñaba como presidente de la compañía estatal Bolipuertos. Félix Osorio Guzmán, Yván Bello Rojas y Carlos Osorio Zambrano son también exministros investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), debido al desvío de dos millardos de dólares en compras alimentarias.

La falta de apego a la legalidad con que funcionan estas empresas adscritas al Ministerio de Alimentación y los posibles casos de corrupción que podrían estar siendo ocultados por contrataciones sin control, resultan suficientes para para proponer que la AN ejerza su función constitucional de control político. Aunque cabe acotar que la Ley de Contrataciones en sí misma no es un instrumento que esté exento de vicios o que impida cabalmente los actos de corrupción (véase la evaluación legislativa de Parlamentemos aquí: https://goo.gl/JoeUea), se destaca la necesidad de que por lo menos exista en cada empresa del Estado una comisión de contrataciones donde reposen expedientes, que aunque sea a futuro, puedan ser examinados para determinar responsabilidades de ser el caso.

Por tanto se propone la realización de una interpelación al actual Ministro de Alimentación, y el envío de un cuestionario escrito al actual Contralor General de la República, para que respondan, entre otras, las siguientes preguntas:

Ministro de Alimentación:

  • ¿Por qué la mayoría de las empresas adscritas a este Ministerio no cuentan con un nombramiento oficial de las comisiones de contrataciones?
  • ¿Estas empresas cuentan con comisiones de contrataciones que funcionan de facto?
  • ¿Quién lleva a cabo las contrataciones en estas empresas?
  • ¿Se levantan expedientes de las contrataciones realizadas por estas empresas aunque no cuenten con comisión de contrataciones?
  • ¿Se aplica algún mecanismo de buen manejo de los fondos públicos?
  • ¿Existe algún tipo de evaluación legal, técnica o financiera antes de llevar a cabo contrataciones en estas empresas?
  • ¿Qué carácter tienen los contratos que suscriben estas empresas? ¿Se someten al derecho público?
  • ¿Están conscientes en el Ministerio de Alimentación que según la Ley de Contrataciones los funcionarios pueden responder penal, civil o administrativamente?

Contralor General de la República:

  • ¿Por qué se ha permitido que las empresas adscritas al Ministerio de Alimentación lleven a cabo contrataciones sin contar con una comisión para ello?
  • ¿Ese Ministerio ha reportado ante la Contraloría su irregular proceder?
  • ¿Existe algún tipo de investigación hacia estas empresas por parte de la Contraloría?

¿Se ha instado a estas empresas, en algún momento, al cumplimiento de la Ley de Contrataciones?