La crisis alimentaria motivada por la nula producción agropecuaria en Venezuela exige la comparecencia de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (INTI) para que expliquen los resultados de sus políticas agrarias.

En un reportaje publicado por El Correo del Orinoco el 06/11/15, se informó que de acuerdo con la Comisión Técnica en Agroalimentación del Colegio de Ingenieros del estado Zulia (Cidez), el abandono de las tierras “expropiadas” (rescatadas, en realidad) en el Sur del Lago de Maracaibo, Estado Zulia, tiene como consecuencia “la falta de alimentos en el país”.

 

Entre los hallazgos evidenciados en el medio, de tendencia oficialista, está el testimonio de Marcelo Monnot, presidente del Cidez, quien denunció que el 95% de las tierras expropiadas para ese entonces eran improductivas, lo que implica un incremento de las importaciones que para hace un año se fijó en 760%.

 

El especialista anunciaba la realización de mesas de trabajo y alertaba: “Venezuela está por entrar a una crisis humanitaria por falta de alimentos; nosotros como profesionales tenemos la capacidad de producir todos sin depender de las importaciones’.

 

Un año después esta situación crítica ha empeorado, hasta el punto de requerir que la nueva Asamblea Nacional (AN) discuta el proyecto de reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

Según explicó el diputado Enrique Márquez en declaraciones al portal Noticiero Digital, “este proyecto de ley, que ha sido trabajado desde hace algún tiempo y consultado con una cantidad de expertos, corresponde lo que para nosotros es indispensable para posibilitar la recuperación de la producción de alimentos en Venezuela y recuperar todas las millones de hectáreas que están improductivas en el país. Este proyecto de ley viene a significar un elemento más del engranaje de producción y productividad que tiene que imperar en Venezuela. No hay nada que distribuir, porque la producción está en el piso y no tenemos dólar para importar”.

 

El también presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) manifestó además que este proyecto va de la mano con la Ley de Producción Nacional, donde la meta es producir el 80% de los alimentos del país.

 

Mientras tanto, la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras sobre la gestión del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en 2015, asegura que en Venezuela se han “recuperado” casi cuarenta millones de hectáreas para la producción agropecuaria, pero no precisa las condiciones y circunstancias en las que se realizaron estos procesos de “recuperación” ni si se respetaron aspectos constitucionales como el derecho a la propiedad privada.

 

Tampoco refleja la Memoria y Cuenta del INTI la efectividad del Plan de Formación Patria Campesina, que supuestamente se dedicaría a la certificación de trabajadores del campo y su instrucción para labores específicas que permitan hacer más eficiente el proceso de producción agrícola en el país, ni la pertinencia de la creación de un fondo editorial del INTI bautizado con el nombre de Eliécer Otaiza.

 

¿Cómo ejercer el control político de la AN frente al INTI?

Teniendo en cuenta la realidad descrita, de un lado, y la información contenida en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras sobre la gestión del INTI en 2015, de otro, así como la necesidad que tiene el Legislativo Nacional de conocer a fondo qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en este ente para evaluar qué cambios introducir en la reforma de la ley en marcha respecto del INTI, se propone a la AN que inicie una investigación parlamentaria y remita un cuestionario escrito a la directiva del INTI con preguntas como las siguientes:

 

  • ¿Qué mecanismo jurídico de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se empleó para “recuperar” 38.287,02 hectáreas, correspondientes a 32 predios, y qué garantías jurídicas se ofreció a los poseedores de esos predios?

 

  • ¿Esos 30.005 instrumentos otorgados corresponden a títulos de propiedad o adjudicaciones? ¿En qué sentido se afirma que se benefició a 71.120 campesinos y campesinas a nivel nacional, a un costo de Bs. 21.947.107? ¿Cómo mejoró el trabajo y la calidad de vida de estas personas?

 

  • ¿Qué criterios se emplearon para identificar e indemnizar a los “propietarios” de nueve predios por un monto de Bs. 67.985.942?, ¿Cómo se determinó que eran propietarios y el monto a pagar en cada caso?, ¿Se aplicó el procedimiento de expropiación? ¿Por qué no se actuó así en otros casos similares?

 

  • ¿Cuáles fueron exactamente los trámites administrativos que se eliminaron o hicieron más eficientes que con el sistema Atancha-Omakon y que permitió mejorar el tiempo de respuesta a los ciudadanos?

 

  • Considerando los niveles de escasez y la gran dependencia de importaciones en materia de alimentos de consumo humano en 2016, ¿existe prueba cuantitativa de que la política de rescates masivos de tierras agrarias ha generado más beneficios que costos respecto de la situación previa del agro venezolano?

 

  • ¿Cuáles son los contenidos específicos del Plan Nacional de Formación Patria Campesina? ¿Qué resultados preliminares ha tenido su aplicación? ¿Hay evidencia de que el conocimiento que a través de él se imparte a los beneficiarios los hace más productivos?

 

  • ¿Cuáles son las actividades y fines de las 80 aulas universitarias para campesinos? ¿Se trata de educación formal a nivel universitario? ¿Quiénes son responsables de la formación de los beneficiarios?

 

  • ¿Cuáles han sido los resultados iniciales del proyecto de Promoción de la agricultura familiar como estrategia para la masificación de la producción de alimentos?,

 

  • ¿Qué finalidad tienen las 26 aulas integrales y 125 patios productivos conformados? ¿Ellos serán unidades de producción de insumos agrícolas y alimentos? ¿Hay evidencia de que estas actividades son más eficientes bajo la dirección del INTI que de particulares?

 

  • ¿Qué procedimientos de la Ley de Contrataciones Públicas empleó el INTI para contratar a las empresas responsables del sistema Atancha-Omakon y de activar el Fondo Editorial Eliecer Otaiza?

 

  • ¿Qué criterios de costos beneficios y de eficiencia se emplearon para aprobar el proyecto de Fondo Editorial del INTI Eliécer Otaiza? ¿Qué se tuvo en cuenta para no apoyarse en alguna institución universitaria, científica o privada para desarrollar a menor costo la iniciativa? ¿Qué conocimientos en concreto se difundirán en estas publicaciones?

 

  • ¿Qué medidas toma el INTI para capacitar a sus funcionarios, empoderar a los beneficiarios de sus políticas y difundir los logros de su gestión entre los ciudadanos sin ideologizar y realizar promoción partidista, al estar esto último sancionado por la ley venezolana contra la corrupción?

 

  • ¿Todas las demás prioridades del INTI, en cuanto a productividad plena de las tierras agrarias bajo su propiedad, están cubiertas para invertir recursos en un fondo editorial y en formación universitaria?

 

  • ¿Cómo entiende el INTI el proceso de “democratización de la tierra y reordenamiento de tierras con vocación agraria”? ¿Qué rol tienen los órganos del poder popular?

 

  • Cuando la Memoria y Cuenta alude a instrumentos agrarios otorgados que permitan la seguridad jurídica al productor en cuanto a la tenencia y justa distribución de la tierra, ¿a qué instrumentos se refiere y cómo ellos pueden garantizar seguridad jurídica si no implican reconocer derechos de propiedad?

 

  • ¿En concreto, cómo se ha llevado en la práctica “la justa distribución de la tierra al sector campesino”’? ¿En qué consisten las mejoras en cuanto a capacidades, productividad, condiciones laborales, ingresos, servicios y autonomía política para los campesinos?

 

  • ¿Cómo considera el INTI que se ha “dignificado” a los más desposeídos económicamente del país, a través de la política de rescate de tierras?

Realizado por: David Ludovic Jorge y Luis Alfonso Herrera O.