Propuesta realizada en colaboración con El Pitazo

Según informó el diario El Nacional el 09 de mayo de 2017, debido a los eventos vandálicos –saqueos y otros crímenes cuya autoría se desconoce aún- ocurridos en la ciudad de Valencia el pasado 4 de mayo, el actual comandante de la Guardia Nacional Bolivariana anunció la activación del Plan Zamora, como política del Ejecutivo nacional para garantizar el orden público y repeler los focos de alternación del mismo.

En dicho reportaje se lee lo siguiente: “¿en qué consiste? Se sabe poco, pero a la vista de lo sucedido en Carabobo, supone que se extremen las medidas de vigilancia, control y patrullaje con mayor presencia de la Policía y de la Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza Armada. Además, el plan se ha traducido en detenciones masivas, en acusaciones por delitos militares como la rebelión y en la aplicación de la justicia militar a civiles, lo que ha generado las críticas de ONGs y de la oposición. El 18 de abril, el presidente del país, Nicolás Maduro, ordenó en televisión la activación “en fase verde” del plan. Lo hizo horas antes de una masiva manifestación de la oposición contra su gobierno…”.

Prosigue el reportaje señalando que: “…se entendía que era un plan cívico-militar de seguridad con mayor despliegue de fuerzas del orden en las calles ‘para derrotar el golpe de Estado’, dijo Maduro en referencia a la presunta intención de la oposición (…) ‘Nadie sabe qué es, no se ha desvelado ni una sola página de su contenido’, dijo a BBC Mundo la directora de la ONG Control Ciudadano y experta en temas de defensa, Rocío San Miguel. BBC Mundo se puso en contacto con el gobierno para conocer detalles del Plan Zamora, pero de momento no obtuvo respuesta”.

Todo apunta a que la vinculación de los saqueos con las protestas políticas es política y no está comprobada. Sin embargo, el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol señaló: “‘La derecha terrorista ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar, así como también ha cometido delitos de ultraje al centinela y destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana’, dijo el viernes para justificar el Plan Zamora y que los civiles detenidos respondan ante la justicia militar. El sábado, el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) de la zona centro, el mayor general Jesús Suárez Chourio, explicó que se detuvo a 780 personas, de los cuales 251 fueron puestos a la orden de los tribunales militares ‘por los delitos de ataque al centinela (miembro de las fuerzas de seguridad) y asociación para la rebelión’”.

Según se informa en la misma fuente, la ONG Foro Penal Venezolano, que presta servicios de asistencia jurídica, registró a la fecha de publicación del trabajo periodístico que 65 de esos detenidos ya estaban en prisión por las decisiones del tribunal militar, que está realizando audiencias colectivas con hasta 40 acusados.

Poco importa, como en un trabajo dedicado al tema señaló el reportero de BBC Mundo, que “el Código Orgánico de Justicia Militar, anterior a la Constitución, sí permite que esa jurisdicción penal se aplique a delitos de naturaleza militar cometidos también por civiles”. Esa norma es abiertamente nula e inaplicable, por inconstitucional.

En cambio, sí es relevante lo indicado por Alfredo Romero respecto de la novedad que implica este Plan: “es la primera vez que se da la orden expresa de la aplicación de la justicia militar y afirma que el objetivo es saltarse a la fiscalía. La fiscal general, Luisa Ortega, se ha convertido en las últimas semanas en una voz disidente dentro del oficialismo”. A esto se suma lo señalado por Rocío San Miguel: “presenta no sólo el problema de no saber en qué consiste, sino que además “no tiene ni un solo mecanismo de control democrático (…) es un paso más en la militarización de la sociedad y del conflicto”.

 

En Táchira es otro estado en el que este Plan opuesto a los derechos humanos se ha aplicado con saldo muy negativo: “el Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que a partir de este momento y por órdenes del presidente de la República, Nicolás Maduro, se activará la segunda fase del Plan Zamora en el estado Táchira. La medida implica el envío de dos mil efectivos de la Guardia Nacional (GN) y 600 tropas de operaciones especiales (…) ‘No se equivoquen, porque ya estamos cansados de ver sangre en las calles’, dijo a la oposición, como si ésta se trata de un enemigo de guerra”.

 

Añade El Pitazo.com en su reporte sobre el hecho, que “…el pasado 18 de abril el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la fase verde del Plan Zamora, supuestamente para hacer frente a una supuesta arremetida del Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, el dirigente del Psuv, Pedro Carreño, informó que desde las filas de la tolda roja están adiestrando a militantes para salir en defensa del proyecto que representan”. Es decir, adiestrar a civiles para que empleen armas de fuego y otras prácticas violentas en contra de otros civiles, sólo por pensar distinto.

Considerando la grave violación de derechos humanos que supone la aplicación del Plan Zamora por parte del Ejecutivo nacional, resulta impostergable que la Asamblea Nacional ejerza su función constitucional de control político a través de una interpelación y eventual voto de censura de comprobarse las graves violaciones de derechos humanos denunciadas, en la persona del Ministro del Interior, Justicia y Paz, a quienes deben formularse las siguientes preguntas:

  • ¿Puede usted explicar los supuestos de aplicación, contenido y base jurídica del Plan Zamora de seguridad?
  • ¿Qué garantías de los derechos humanos contempla este Plan?
  • ¿Qué procedimiento de formación tuvo? ¿Fue consultado con la ciudadanía?, ¿Con la Asamblea Nacional? ¿Con organismos o expertos internacionales en materia de seguridad y derechos humanos?
  • ¿Por qué actúan componentes militares en su ejecución? ¿Acaso su despacho no tiene conocimiento de que la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos prohíbe que militares actúen en labores de seguridad ciudadana?
  • ¿Ha ordenado la ejecución de este plan usted unilateralmente o ha seguido instrucciones directas del Presidente de la República?
  • ¿Conoce es la identidad de los funcionarios subalternos que han seguido sus órdenes de aplicar las medidas permitidas por el Plan Zamora? ¿Cuáles han sido los componentes que han actuado, y donde consta la identidad de los funcionarios de han actuado en cada caso?
  • ¿Qué ha hecho su despacho al conocerse las gravísimas violaciones a derechos humanos que se han denunciado en varias regiones del país como consecuencia de la ejecución del Plan Zamora? ¿Ha iniciado investigaciones, aplicado sanciones y colaborado para reparar a las víctimas?
  • ¿Por qué el Ejecutivo y el partido de gobierno “adiestran” a civiles para que apliquen el Plan Zamora contra otros civiles? ¿En qué consiste ese “adiestramiento”? ¿Implica el uso de armas de fuego? ¿No considera el riesgo que existe en promover una guerra entre venezolanos, lo que además es un delito según el Código Penal?
  • ¿Emplea su despacho y los funcionarios a su cargo las categorías de “seguridad nacional”, “amigo/enemigo”, “patriota/apátrida” para aplicar éste y otros planes o políticas de seguridad? ¿Sabe que tales categorías con excusas para cometer graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad?