El TSJ carece de las competencias de control político necesarias para evaluar la Memoria y Cuenta de los órganos del Poder Ejecutivo

El pasado 3 de marzo, quien ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de la República supuestamente presentó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la Memoria y Cuenta 2016 de ese despacho, a fin de rendir exponer las actividades llevadas a cabo y los logros alcanzados por la Vicepresidencia en el año ya finalizado.

Sin embargo, la Constitución vigente es clara en su artículo 244 al señalar que los integrantes del Ejecutivo Nacional, entre ellos el vicepresidente ejecutivo, deben presentar “memoria razonada y suficiente”, “ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días de cada año”.

En las notas de prensa publicadas sobre el hecho se indica que la razón por la cual se presentó la Memoria ante el TSJ y no ante el Parlamento es lo acordado por la Sala Constitucional en su decisión del “24 de febrero de 2017, en la que establece que, en vista del desacato en que incurrió la Asamblea Nacional, el TSJ recibiría las Memoria y Cuentas de los miembros del Ejecutivo”.

Esta decisión da lugar a varias consideraciones. En primer lugar, el acto por el cual se expone públicamente lo esencial de una Memoria y Cuenta es un acto democrático de gran trascendencia, pues la información, los datos y las afirmaciones que en él se hacen sirven para que legisladores, periodistas, medios de comunicación, inversionistas, ciudadanos, etc., puedan evaluar y verificar si cumplieron o no las metas, fines y objetivos de las políticas adoptadas durante al año anterior, o si, por el contrario, ello no ocurrió, para derivar de ello las consecuencias políticas que en una sociedad democrática corresponden: aprobar o improbar por el sufragio la gestión pública del Gobierno en ejercicio.

De este modo, no solo porque así lo establece la Constitución sino porque sólo así tiene utilidad democrática, este acto público debe realizarse en la sede y ante los legítimos representantes de los ciudadanos, en el caso venezolano en la Asamblea Nacional (AN) y ante los diputados electos el 6 de diciembre de 2015, y no como se hizo, en el TSJ ante magistrados que carecen de legitimidad democrática, no representan a los ciudadanos, no pueden generar debates públicos y no tienen ninguna competencia para, con la información y datos contenidos en las Memorias y Cuenta, activar mecanismos de control político en caso de ser ello necesario.

En tercer y último lugar, es jurídica y políticamente inaceptable invocar un inexistente “desacato” para justificar la asistencia del ocupante de la Vicepresidencia Ejecutiva al TSJ, ya que para que haya desacato es necesario:

  • Que exista una norma que prevea la figura del desacato como ilícito
  • Que exista un tribunal competente, independiente e imparcial para verificar en casos concretos si se cometió o no desacato
  • Que en una sentencia firme dictada por ese tribunal se haya declarado la comisión de dicho ilícito.

Ninguno de los requisitos anteriores se ha cumplido en el caso de la AN venezolano, pues en primer lugar no existe una norma que establezca que la AN incurre en desacato cuando los diputados que la integran no cumplen una sentencia judicial. Por otra parte, la Sala Constitucional no es tribunal competente, independiente e imparcial, y además la decisión del 24 de febrero de 2017, respecto a la comparecencia de los miembros del Ejecutivo ante el máximo tribunal no es un acto jurídico (una sentencia válida) sino un acto político alineado con los intereses ideológicos del partido de Gobierno y el Ejecutivo Nacional.

Por tanto, con la actuación del 3 de marzo pasado, tanto los integrantes del Ejecutivo Nacional como los del TSJ, de nuevo, se han burlado de los ciudadanos, de sus representantes y violado la Constitución, agravando cada día más la falta de democracia y Estado de Derecho en Venezuela.

Valga esta reflexión también para señalar que la Memoria y Cuenta es un documento de suma importancia en una sociedad democrática que garantiza los derechos políticos de los ciudadanos, que tiene una técnica y metodología específica para cumplir con los fines de tiene atribuidos. Por ello, no puede estar lleno de cifras desmesuradas carentes de fundamento y medios para su verificación. Tampoco puede contener propaganda partidista, lugares comunes e insultos en contra de los adversarios políticos del Gobierno, ni utilizarse para promover la figura de un funcionario del tren ministerial. Cabe preguntarse cuántos de estos requisitos formales fueron cumplidos por el vicepresidente en su documento o si los cumplirán los próximos ministros que, de manera ilegal, comparezcan ante el TSJ por la sentencia del 24 de febrero.