El anunció de Nicolás Maduro el pasado 1° de mayo de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es un nuevo uso de neolengua tan propio del poder, ya que nada de lo señalado por él se ajusta a lo previsto en los artículos 347 y 348 de la Constitución.

 

En dichos artículos, la Carta Magna regula la figura de la ANC, su finalidad y las vías para su convocatoria. En el primero de ellos se dice de forma expresa que es “el pueblo” –Poder Constituyente- y no un órgano del Estado –Poder Constituido, como el Ejecutivo- el que puede convocarla, y que el fin de una ANC es elaborar una nueva Constitución, transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, no el fortalecer la Constitución vigente o darle poder a la clase obrera.

 

El segundo artículo citado se limita a señalar quiénes en el Estado y en la sociedad tienen iniciativa para pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque la elección de los miembros de la ANC, una vez que esta haya sido convocada vía referendo consultivo.

 

Entonces, haciendo una interpretación apropiada de los artículos referidos, cabe concluir que para que el Presidente, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales o el 15% de los electores puedan “convocar” a través del CNE la elección de una ANC, es indispensable que en forma previa el ente comicial consulte “al pueblo”, esto es, a los ciudadanos electores, al Poder Constituyente, si en su mayoría están ellos de acuerdo con que se convoque a la elección de una ANC, ya que, como se indicó, ésta elaborará una nueva Constitución y podrá transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico.

 

Este orden se siguió en 1999, cuando entonces, por petición de Hugo Chávez, el CNE consultó “al pueblo” vía referéndum consultivo su opinión sobre convocar o no a la elección de una ANC para elaborar una nueva Constitución, y luego de ganado el “SÏ” en esa consulta, fue cuando se convocó la elección de los constituyentes.

 

Esta nueva convocatoria, sin embargo, no obedece a ninguno de tales preceptos constitucionales: ni incluye el consultar a los ciudadanos electores su opinión sobre la necesidad y conveniencia de convocar o no la elección vía sufragio universal, directo y secreto de una ANC ni la elección de los miembros de esa eventual ANC por la vía de elecciones directas, sino a través de los órganos del Estado Comunal, no previsto en la Constitución.

 

Así, de lo expresado por Maduro cabe concluir que es un nuevo asalto al orden constitucional, a la soberanía popular, al proceso democrático y al Estado de Derecho. Un plan deliberado para derogar de facto la ahora incómoda Constitución de 1999, imponer el Estado Comunal y los contenidos del Plan Socialista de la Patria 2013-2019, sin consultar a los ciudadanos electores, sin elecciones directas de los constituyentes, y todo ello con el fin de disolver la actual Asamblea Nacional y no celebrar en muchos años en Venezuela elecciones directas a los cargos de Presidente, diputados, Gobernadores y Alcaldes.

 

 

La ANC es una figura de sumo peligro para la libertad y la democracia moderna. De inspiración rousseauniana, se basa en la idea expuesta por el abate Emmanuel de Siéyes durante la Revolución Francesa, sobre la existencia de un “Poder Constituyente” ilimitado, omnímodo -y por tanto totalitario-, que tendría “el pueblo” para, a través de una asamblea de representantes, cambiar de raíz el “Poder Constituido” de un país –esto es, la forma del Estado, de Gobierno, los derechos reconocidos, la distribución del Poder Público, etc.-previsto en su Constitución. De allí que las sociedades libres descarten a la ANC como vía idónea para realizar cambios institucionales, por los peligros que supone.