Durante todo el mes de abril, en la gran mayoría de los estados de Venezuela se han venido desarrollando multitudinarias protestas ciudadanas, en contra, por un lado, de las malas políticas públicas del Ejecutivo Nacional en materia de seguridad, salud, alimentos, servicios públicos, etc., y de otro, del desconocimiento vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y la inmunidad de los diputados que la integran.

El saldo de las protestas en materia de derechos humanos, a causa de la brutal represión de los cuerpos de seguridad del Poder Ejecutivo y de la actuación de grupos delictivos organizados denominados “colectivos” es desolador: varios asesinatos, numerosos heridos de gravedad, cientos de detenidos sin orden judicial y deshumanización constante de los ciudadanos que reclaman un cambio político.

Ante semejante situación, es natural que las personas se sientan tentadas a pensar que lo mejor es detener las acciones de protesta para así impedir que ocurran nuevas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que ya están siendo cometidos en muchos casos. Sin embargo, las acciones de calle (marchas, concentraciones, protestas, plantones, etc.) pacíficas, con fines democráticos, organizadas por diputados de la AN y dirigentes de la oposición democrática, son, en realidad, el único mecanismo que los venezolanos tienen para presionar a quienes detentan el poder para que negocien en algún momento las condiciones para iniciar una transición a la democracia y restablecer la Constitución en el país. Parar las acciones de calle, es tanto como renunciar a esta posibilidad, consolidar el autoritarismo y condenar a los venezolanos al hambre, la pobreza e inseguridad que deriva del proyecto contenido en el Plan Socialista de la Patria 2013-2019.

La violencia es generada a todas luces por la represión y la impunidad que genera el Gobierno Nacional, al actuar con uso desproporcionado de la fuerza pública contra los manifestantes y al no actuar en contra de los “colectivos” y de la delincuencia. Ella en ningún caso puede ser atribuida a los ciudadanos que protestan para recuperar su libertad y la democracia, y que lo único que demandan es que a través de la Asamblea Nacional se ejecuten todas y cada una de las recomendaciones que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, planteó en su informe del 14 de marzo de 2017:

  1. Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales
  2. Implementación de un sistema eficaz de lucha contra la corrupción tomando como modelos a la CICIG o a la MACCIH.
  3. Liberación inmediata de todos los presos políticos.
  4. Establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela.
  5. Retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela, lo que incluye el restablecimiento de los poderes y competencias constitucionales de la AN y el nombramiento por procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y de los magistrados del TSJ.

Accionees como estas, todas ejecutables a través de la AN son las que verdaderamente aseguran que Venezuela pueda salir de la grave crisis que ya afecta también a varios países de la región, más que la elección de gobernadores sin condiciones justas y con inhabilitados políticos.

Antes de que haya nuevas elecciones de cualquier cargo público, en especial del cargo de Presidente de la República, los Poderes Públicos –CNE, TSJ. CGR, FGR, etc.- deben ser independientes del Gobierno. Y para ello, las protestas ciudadanas son ahora el único mecanismo de presión política y de “negociación” con el oficialismo de que disponen la oposición democrática y la ciudadanía que exige libertad.