De manera similar a como lo hizo con la Ley de Presupuesto 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se arroga competencias que no le corresponden al decidir la autorización al Poder Ejecutivo para que contrate con empresas o gobiernos extranjeros en materia petrolera para constituir empresas mixtas sin aprobación previa de la Asamblea Nacional (AN).

La decisión N° 156 del 29 de marzo de 2017  asegura que “no existe impedimento alguno” para que este tipo de operaciones, previstas en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se lleven a cabo con aprobación del máximo tribunal, que deberá ser informado, según la decisión, “de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República”.

Cabe suponer que al Ejecutivo Nacional le urge celebrar algunos contratos en materia petrolera, tal vez para mantenerse al día con sus obligaciones de deuda internacional. Dado que según la Constitución y la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos, para celebrar contratos para constituir empresas mixtas en el sector petrolero debe contar con la aprobación parlamentaria y la AN actual no le dará esa aprobación debido a la ruptura del hilo constitucional ocurrida en el país, el Gobierno ha pedido a la Sala Constitucional que lo libere de ese requisito.

Para ello, la Sala Constitucional apela a la existencia de un supuesto desacato por parte de la AN como Poder Público respecto de –inconstitucionales- decisiones por ella dictadas con anterioridad en contra de la autonomía constitucional del Poder Legislativo, y la supuesta omisión legislativa derivada de ese desacato, esto es, la imposibilidad de que la AN ejerza válidamente sus funciones y competencias, mientras se mantenga en desacato, es decir, mientras no obedezca a la Sala Constitucional.

No obstante, es necesario recordar una vez más que es falso que la AN esté en desacato. Como ya se ha señalado en este espacio en otras oportunidades, en Venezuela no existe ninguna norma jurídica que despoje al Parlamento de sus funciones por no obedecer a la Sala Constitucional del TSJ

Al no existir norma tal en el ordenamiento jurídico del país, no existe desacato, y menos omisión legislativa, ya que la AN puede y debe ejercer sus competencias y funciones constitucionales, incluida aprobar o no la celebración de contratos de interés nacional, como las empresas mixstas en materia petrolera.

De esta manera, dado que la AN está en pleno ejercicio de sus funciones, si el Poder Ejecutivo quiere contratar válidamente la creación de una empresa mixta en materia petrolera debe cumplir con lo que establece el artículo 150 de la Constitución, que exige la aprobación parlamentaria arriba comentada, que, además, ya ha sido interpretada por la Sala Constitucional en una decisión del 24 de septiembre de 2002.

¿Qué pasa si se contrata la creación de una empresa mixta sin cumplir con la exigencia constitucional y legal de la aprobación previa de la Asamblea Nacional? Pues el contrato así celebrado es nulo, no puede surtir sus efectos, y por tanto no obliga a la República a cumplir con las obligaciones que de él deriven, siendo únicamente responsabilidad personal de quienes suscriban ese contrato inconstitucional e ilegal el responder ante el Gobierno o empresa extranjera por la irregularidad cometida. Esta nulidad debe ser comprendida por gobiernos y empresas extranjeras, que deben entender, además, que ningún tribunal extranjero o arbitraje internacional reconocerá la existencia de obligaciones derivadas de esos contratos, ya que ni el Ejecutivo Nacional ni tales gobiernos o empresas extranjeras pueden desconocer la Constitución venezolana.