Más allá de la apariencia técnica, el objetivo de la intervención de la Dirección de Auditoría Interna puede ser otro mecanismo político para entorpecer el trabajo legislativo

Por primera vez el poder Ciudadano, a través de la Contraloría General de la República, tomo una medida contra la Asamblea Nacional (AN) en medio del conflicto político que el partido de Gobierno mantiene, a través de los Poderes Públicos que controla: el pasado 14 de febrero resolvió, mediante resolución publicada en Gaceta Oficial No. 41.095, intervenir la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional (AN), a través de una auditora interna interventora.

Dos preguntas surgen de entrada frente a esta actuación de la Contraloría General: ¿esto implica que la AN, como Poder Legislativo Nacional, está intervenido y en consecuencia subordinado al Poder Ciudadano, vía Contraloría General? ¿Existe base jurídica para adoptar semejante medida?

La respuesta a la primera pregunta es no, pues la Contraloría solo intervino una oficina en particular: la Dirección de Auditoría Interna. El resto de los órganos del Poder Legislativo, tales como las comisiones y especiales, la Oficina de Asesoría Económica y la Plenaria, por ejemplo, no son objeto de esta intervención.

Además, el fin “legal” de la intervención es muy concreto: sustituir al actual auditor interno de la Asamblea Nacional, que, según lo establecido en la resolución, no llegó al cargo por concurso sino por acto del presidente de la AN para 2015, Diosdado Cabello. En su lugar se impondrá una auditora interventora temporal, hasta tanto se escoja por concurso público a un nuevo auditor. Dicha auditora interina deberá limitarse a generar informes mensuales de su gestión y un informe final de toda su actuación. Nada más.

La respuesta a la segunda pregunta, por otra parte, es afirmativa. La medida adoptada por la Contraloría General sí tiene base jurídica, pero una base que es inconstitucional, contraria al Estado de Derecho y, muy probablemente, en su fin “real”, contraria a la democracia y los derechos humanos.

Las normas que invoca la resolución (entre ellos el artículo 289 de la Constitución, varios artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública) en las que se regula el llamado “Sistema Nacional de Control Fiscal” han permitido que se entienda, inconstitucionalmente, que la Contraloría General tiene oficinas subalternas dentro de todos los entes y órganos del Estado venezolano, incluso dentro de los otros Poderes Públicos, y que a través de esos órganos puede controlar, dirigir, impedir y paralizar el funcionamiento de universidades, alcaldías, gobernaciones y ahora de la AN. Esto es contrario a la división de poderes prevista en la Constitución.

Adicionalmente, el documento invoca otros instrumentos inconstitucionales, como el Plan de la Patria y el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, lo que ratifica que el objetivo de esta intervención de la Contraloría es ideológico, partidista y muy probablemente no se limitará a la realización de un concurso público para seleccionar a un nuevo auditor interno de la AN, sino que intentará además paralizar y entorpecer el funcionamiento del Poder Legislativo Nacional en cuanto a la toma de decisiones administrativas y presupuestarias internas.

Para ello, también es posible que intente armar casos en contra de diputados de oposición con miras a dictar nuevas inhabilitaciones políticas, que implicarían según el ordenamiento inconstitucional que aplica la Contraloría General, la inmediata separación del cargo de los inhabilitados.

Por tanto, más allá de la apariencia de medida técnica, esta intervención es en realidad una nueva medida política del partido de Gobierno contra la autonomía de la AN, frente a la cual los ciudadanos, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y la comunidad internacional democrática deben estar muy alertas, para impedir el desconocimiento definitivo de los resultados electorales del pasado 06 de diciembre de 2015.