La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha respondido a la “solicitud” presentada por Pedro Carreño, en su condición de militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al admitir el pasado 20 de junio el antejuicio de mérito presentado por aquél en contra de Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, invocando para justificar esa decisión los artículos 279 de la Constitución, 22, numerales 4, 5, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 23, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Tal solicitud no debió ser conocida por la Sala Plena. De acuerdo con el Derecho vigente, sólo el Fiscal General de la República es competente para presentar ante la Sala Plena solicitudes de antejuicio de mérito en contra de los altos funcionarios del Estado. Es gracias a una de las cientos de decisiones inconstitucionales de la Sala Constitucional, de junio de 2002, con ponencia de Jesús Eduardo Cabrera (ver: https://goo.gl/rHjiyF), que se abrió esta anómala posibilidad de que cualquier persona considerada “víctima” presente este tipo de solicitudes ante la Sala Plena, así como la posibilidad de que el TSJ designe un Fiscal ad hoc en casos de antejuicio de mérito, si el Fiscal General titular decidiera no presentar ante la Sala Plena una formal petición para el enjuiciamiento del funcionario respectivo.

El antejuicio de mérito es un privilegio procesal de los altos cargos del Estado mencionados en el artículo 266.3 de la Constitución, que exige una revisión previa por parte de la Sala Plena del TSJ, para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen el iniciar un juicio en contra del respectivo alto funcionario, antes de que se inicie formalmente el proceso penal en contra de éste ante el tribunal al que competa conocer del juicio. Sólo el antejuicio contra el Presidente de la República exige que además de la decisión favorable de la Sala Plena, la Asamblea Nacional (AN) autorice la investigación; el antejuicio contra los restantes cargos, incluido contra el Fiscal General, no tienen que ser autorizados por la AN.

Lo anterior explica por qué las condiciones para activarlo deban ser ciertas y garantizar el debido proceso sin excepción.

En el caso actual, se observa que ninguno de los artículos que invocó la Sala Plena tipifican delitos imputables a la Fiscal General, sólo aluden a faltas graves que, de existir, podrían en última instancia ser declaradas únicamente por la AN según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que es el órgano competente para remover por faltas graves a dicha funcionaria de su cargo, lo que es lógico por demás, según el principio del paralelismo de las formas, ya que es el Parlamento el que designa el cargo de Fiscal General.

Estos artículos tampoco indican cómo debe procederse en caso de un antejuicio de mérito contra el Fiscal General de la República. El sistema procesal penal venezolano atribuye el monopolio de la acción penal al Ministerio Público, esto es, la autoridad única para imputar y luego acusar por la comisión de delitos a cualquier persona o funcionario, en especial cuando se trata de delitos de acción pública, entre los que están los que se atribuyen a los alto funcionario cuyos cargos gozan de la prerrogativa del antejuicio de mérito.

Siendo ello así, cabe preguntarse cómo proceder cuando el investigado es quien por lo general debe ser el investigador y acusador. Ni la Constitución, ni la legislación vigente en el país ofrecen una respuesta expresa. Es probable que se invoque el criterio antes aludido de la Sala Constitucional, y la Sala Plena designe un Fiscal ad hoc, sujeto a la línea política del Ejecutivo Nacional y el partido de Gobierno. Pero también es posible que la Sala Plena pretenda usurpar funciones tanto del Consejo Moral Republicano como de la AN, e intente destituir sin necesidad de juicio penal a la Fiscal General por cometer faltas graves.

En cualquier caso, el proceder de la Sala Plena ni es constitucional, ni es jurídico, sino político, una abierta retaliación en contra de quien es considerada en la actualidad una “traidora” a la revolución de Chávez, y que hasta por una inexistente insania mental se la está tratando de expulsar a la fuerza de su cargo.