El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) a través de su Observatorio Económico Legislativo y su programa Parlamentemos condena enfáticamente la más reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitida el 28 de marzo (ver texto aquí: https://goo.gl/Tqowgu) en contra de los diputados y que despoja de sus funciones constitucionales a la Asamblea Nacional (AN).

 

Este nuevo acto “ajurídico” de la Sala Constitucional, el primero que es emitido bajo la presidencia de Mikel Moreno en el máximo juzgado contra el Parlamento confirma todo lo afirmado por el Secretario General de la OEA en su más reciente informe sobre Venezuela, y ratifica al hemisferio y al mundo la importancia de aplicar a fondo una activa observación sobre esta nación, a fin de contribuir a la recuperación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

 

Entre las implicaciones inconstitucionales de la sentencia se encuentran las siguientes:

 

  • Se basa en un desacato que no existe, pues no está prevista esa figura en el ordenamiento jurídico venezolano.
  • Da por eliminada una prerrogativa constitucional inviolable de los diputados como es la inmunidad parlamentaria con el fin de permitir su encarcelamiento sin juicio previo.
  • Asume que en lo sucesivo ningún acto de la AN será válido hasta que cese el “desacato” lo que busca de facto dejar suspendido al Poder Legislativo Nacional.
  • Da órdenes al ocupante del cargo de Presidente de la República sin tener competencia constitucional para ello pues no es superior de éste y usurpa en forma explícita funciones del Ejecutivo Nacional al ordenar cómo llevar adelante las relaciones internacionales de la República.
  • Ordena reformar la legislación penal, en especial la militar, vía decretos ley en ejecución del inconstitucional Estado de Excepción, para reprimir a los diputados y en general a toda forma de disidencia a la que acusa de generar “estado de conmoción”
  • Da por cierto que se están cometiendo delitos militares con la solicitud de apoyo a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y ordena que se revise permanencia de la República en la OEA, asumiendo que con una eventual salida del Estado venezolano de esa organización su Gobierno y demás Poderes Públicos tendrían licencia e impunidad para violar derechos humanos y la democracia.

Desde el OEL de Cedice Libertad reivindicamos la imperiosa necesidad del respeto a la separación de los Poderes Públicos en Venezuela como condición indispensable para el tan ansiado logro de un Diálogo Democrático que como organización promovemos.

 

Caracas, 31 de Marzo de 2017