El 24 de marzo de 2017, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), firmaron un convenio por cuatrocientos millones de dólares (US$ 400.000.000), con el objeto de “aumentar la capacidad de producción”, según informó el actual Presidente de PDVSA, Eulogio del Pino en el marco de la Exposición “Venezuela Potencia 2017”. Según el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, esta iniciativa “permitirá impulsar los objetivos planteados en la Agenda Económica Bolivariana”.

 

Tomando en cuenta el monto señalado, en un momento de escasez creciente de alimentos, medicamentos y servicios básicos en todo el país, así como el hecho de que esos recursos los está entregando una empresa estatal civil a una empresa estatal militar, es inevitable preguntarse ¿Qué es Camimpeg?.

 

El 10 de febrero de 2016, en Gaceta Oficial No. 40.845, se publicó el Decreto No. 2.231, mediante el cual se autorizó la creación de la Camimpeg, adscrita al Ministerio para la Defensa, con domicilio en la ciudad de Caracas, con una duración mínima de 50 años, cuyo amplísimo objeto es: la prestación de servicios en materia petrolera, de gas y explotación minera, teniendo en cuenta que dentro de “servicios”  la compañía queda habilitada para realizar prácticamente cualquier actividad en esta materia (rehabilitación y mantenimiento de pozos; reparación y mantenimiento de taladros y bombas;  fabricación, reparación y mantenimiento de estaciones de flujo; contratación de personal; servicios logísticos, servicio de transporte, servicio de comercio –importación, exportación, distribución, compraventa-, etc. También dentro de su objeto la compañía está habilitada para la “construcción de obras civiles” (de todo tipo –refractarios, hornos, anclajes, carreteras, obras eléctricas, gasíferas y mineras, proyectos de arquitectura e ingeniería- incluso la prestación de asesoría técnica –consultoría, avalúos, procesamiento de información, servicio de telecomunicaciones, agenciamiento naviero y aduanal, etc.-. También puede prestar todo tipo de mano de obra –pintura, fumigación, tabiquería, herrería, etc.-. Asimismo, está habilitada para realizar actividades de descontaminación de aguas, lagunas, lagos, mares y descontaminación del medio ambiente en general.

 

Como se observa, a través del Decreto 2.231 se faculta a Camimpeg a realizar un sinfín de actividades, con capital suscrito y pagado íntegramente por la República de Venezuela (art. 4), por un total de seiscientos millones de bolívares Bs. 600.000.000 (según información oficial publicada en el Servicio Nacional de Contrataciones ver), es decir, dos millones ciento noventa y ocho mil seiscientos siete dólares con cincuenta y cinco centavos ($ 2.198.607,55) según cifra oficial del Banco Central de Venezuela, al momento de su creación.

 

Todo lo cual estaría justificado –según los considerando del propio Decreto antes citado- porque es “deber del Gobierno la creación de Empresas del Estado”, porque “es deber del Estado garantizar un modelo productivo ecosocialista” y porque “según el Plan de la Patria es deber del Estado impulsar el desarrollo en áreas prioritarias”. Ni las aparentes razones dadas por el Presidente de PDVSA y por el Ministro de la Defensa, ni menos aún los “considerando” del Decreto de creación, pueden considerarse como suficientes para justificar y explicar cómo los venezolanos se beneficiarán con ese convenio por 400 millones de dólares.

 

La creación de esta empresa militar en medio de la crisis más aguda que ha vivido el país en los últimos tiempos (inflación, escasez, desnutrición, violación a derechos humanos, represión, persecución política, etc.), no ha dejado de causar todo tipo de impresiones. Quienes apoyan la iniciativa, han señalado que se trata de una “estrategia” para proteger los activos de PDVSA, pues el traspaso de algunos activos de aquella a Camimpeg evitaría un embargo de los bienes en caso de impago. Así lo afirmó el economista Carlos Rossi: “si PDVSA tiene problemas de impago y eventualmente pudiera declararse en bancarrota, las normativas podrían operar sobre ella. Mientras que sobre un ministerio no es posible”. Sólo que esto sería una forma fraudulenta de incumplir obligaciones internacionales. En tal sentido, el experto petrolero José Toro Hardy opinó que: “Si llegan a aplicar los mismos lineamientos de todos los demás arbitrajes pareciera que este [el de ConocoPhillips] también lo perderían, y esto crearía un conflicto económico enorme para Venezuela. Eso no lo van a resolver con esta empresa militar”.

 

Por su parte, hay quienes opinan que la creación de Camimpeg no es más que el reclamo y la exigencia de los efectivos militares por contar cada vez con más poder, especialmente en el área económica más rentable del país. En ese sentido Rocío San Miguel ha señalado: “los militares están exigiendo cada vez más espacios… Camimpeg es un incentivo más a la lealtad con el gobierno de Maduro”. Lo que parece tener sentido, pues, desde hace varios años se ha visto un incremento en la cantidad de empresas estatales manejadas exclusivamente por militares. Además, son militares activos quienes presiden varios de los más importantes Ministerios del país.

 

Dada la controversia que generó la creación de Camimpeg, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional decidió interpelar a Eulogio del Pino, en su calidad de Presidente de PDVSA, para que explicara en qué consistían las funciones de Camimpeg y qué vinculación tendría con PDVSA. Esa interpelación no fue atendida, ratificando la sistemática falta de rendición de cuentas que caracteriza al Ejecutivo. Sobre ello San Miguel dijo: “las grandes empresas estatales, por ley, deben tener mecanismos de rendición de cuentas pero cuando se crean a la medida de las necesidades del Ejecutivo, estos controles democráticos y de rendiciones de cuentas ‘prácticamente se anulan y terminan siendo focos de ineficiencia y corrupción’”.

 

Lo señalado por la experta en asuntos militares de la Organización Control Ciudadano es pertinente, pues los ciudadanos pueden, con toda legitimidad, preguntarse: ¿cuál es el respaldo profesional con que cuentan los militares para desempeñar todas las funciones que establece el objeto de Camimpeg, que va desde los más complejos servicios petroleros hasta pintura y herrería? El sentido común permite suponer que, al no estar entrenados en tan diversas materias, los militares terminarán subcontratando empresas que sí puedan cumplir con el objeto de la compañía; lo que generará un gasto público considerable que, como se ha dicho, hasta ahora, no tiene claro cuál será el mecanismo de rendición de cuentas de Camimpeg.

 

Por su parte, el especialista en el régimen jurídico de los hidrocarburos en Venezuela, José Ignacio Hernández, señaló sobre la creación de Camimpeg que: “…la empresa pública debe guiarse por el principio de eficiencia, lo que se relaciona con el principio de especialidad. Por ello, las empresas públicas del sector militar sólo podrían crearse para gestionar actividades económicas dentro de ese sector, como por ejemplo, uniformes y armamento”, por lo que su intervención en el sector petróleo implica “la militarización de las actividades petroleras, gasíferas y minerías, en el sentido de permitir a la industria militar la realización directa de esas actividades (…) a pesar que legalmente ese sector no está llamado a gestionar este tipo de actividades empresariales técnicas (ver su análisis en https://goo.gl/7UwP8e ).

 

Según Gaceta Oficial No. 40.917 integran la Junta Directiva de Camimpeg, por designación del Ministro de la Defensa: Presidente Alexander Hernández Quintana (Viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Defensa); Director Principal Antonio Benavides Torres (sancionado en los Estados Unidos con congelación de bienes y prohibición de entrada al país, ver http://bit.ly/29t4PNh); Director Pedro Castro Rodríguez (Viceministro de servicios del Ministerio de Defensa); Director Darío Barboza Gómez (expresidente de EMCOFANB y PDVSA agrícola); Directora Maribel Parra de Mestre (actual vicepresidente ejecutiva de PDVSA y presidente de la Empresa Militar de Transporte, EMILTRA);entre otros cargos administrativos (ver http://bit.ly/1tdhnAx). Son estos funcionarios militares, subordinados al poder civil representado en la Asamblea Nacional, quienes deben en la actualidad rendir cuentas a los electores sobre las actividades, costos, fines y justificación misma de Camimpeg.

Considerando lo anterior, es oportuno que la Asamblea Nacional ejerza su función constitucional de control político respecto a Camimpeg, empresa del Estado adscrita al Ministerio de Defensa. En consecuencia, se propone a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que dé inicio a un procedimiento de investigación parlamentaria, en la cual se remita un cuestionario motivado, por escrito, al actual Presidente de Camimpeg –Alexander Hernández Quintana-, con una serie de preguntas iniciales, que deberá responder en una audiencia pública ante la referida Comisión, en la que podrán estar presentes periodistas, organizaciones ciudadanas y electores en general. Y en función de las respuestas dadas por el Presidente y demás integrantes de la Junta Directiva, la Comisión determine si es necesario activar otros mecanismos de control político, como una interpelación o solicitud de investigación ante la Contraloría o el Ministerio Público. Entre otras, se sugiere formular preguntas tales como:

  • Por qué era necesaria la creación de esta compañía estatal militar, y por qué ella está operando en un área en la que los militares no tienen experiencia alguna y ya funciona una empresa estatal civil, con experiencia de décadas en el ramo?
  • ¿Qué informes o evaluaciones demuestran que la creación de Camimpeg no viola las prohibiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública de crear entes públicos que dupliquen las actividades que ya realizan entes existentes?
  • ¿Qué medidas se han adoptado desde el Ministerio de Petróleo y desde PDVSA para impedir que la petrolera militar desplace y se imponga a la petrolera civil, y con ello el sector militar aumente su control político sobre el Gobierno y el país?
  • ¿Existe una estrategia de protección de PDVSA con la creación de Camimpeg, a fin de atribuir a ésta recursos y bienes de aquélla, y así impedir eventuales embargos en su contra en el extranjero por eventual impago de deuda externa?
  • ¿Cuáles son las verdaderas razones para celebrar el convenio del 27 de marzo de 2017 entre Camimpeg y PDVSA por US$ 400 millones? ¿Cuál es el origen de esos fondos? ¿Cuáles son los resultados de beneficio para los ciudadanos que esperan lograr? ¿En qué tiempos se estiman se lograrán esos resultados? ¿Cuál es el mecanismo de rendición de cuentas?
  • ¿Los contratos que celebra Camimpeg cumplen con los procedimientos y los requisitos de la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley Orgánica de la Contraloría General y la Ley contra la Corrupción? ¿Qué pruebas tienen de ello?
  • ¿Qué criterios se emplean para contratar al personal de la Camimpeg? ¿Sólo se contrata personal militar para los cargos de responsabilidad? ¿Qué capacitación se le da al personal para que cumplan con sus tareas?