Propuesta realizada en colaboración con El Pitazo 

Cuatro mil quinientos millones de dólares ($ 4.500.000.000), es la suma que Nicolás Maduro, de manera ilegal, destinó, en agosto de 2016, a la ejecución del Arco Minero del Orinoco, que “viene a ayudar al desarrollo del país”, según informó.

 

Mediante Decreto N°. 2.248, de 24.02.16, publicado en Gaceta Oficial No. 40.855, con una extensión de 11.846,70 Km2, se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Minero Nacional Arco Minero del Orinoco”, la cual abarca el 12,2 % del territorio nacional, ubicado en ecosistemas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro; sin la debida consulta y autorización de la Asamblea Nacional, según lo establecido en los artículos 150 y 187 numeral 9 de la Constitución, decisión que según acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional “representa una amenaza a la soberanía nacional, al pretender otorgar ilegalmente concesiones o contratos de interés público nacional a 150 empresas de 30 países diferentes”.

 

Desde defensores de derechos humanos, como diputados del Estado Bolívar y otras de las entidades federales afectadas, hasta instituciones como las Escuelas de Sociología y de Antropología de la UCV alertaron en su momento sobre las violaciones a normas ambientales, normas de contratación y normas de protección de los derechos humanos que se estarían por cometer, al ejecutarse esa política.

 

En agosto de 2016, el diputado Americo de Grazia, se pronunció en contra del Arco Minero señalando que: “El Arco Minero representa un ecocidio, genocidio y un etnocidio porque se están violentando derechos humanos, sociales, políticos, económicos y ambientales en una vasta región del estado Bolívar, motivo por el cual un grupo de parlamentarios hemos decidido crear una comisión mixta para investigar lo que acontece en ese extenso sector del sur de Venezuela. Desde este jueves nos unimos en la comisión de la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco“.

 

Además, expresó: “es demasiado grave que la explotación del Arco Minero se centre en la cuenca hidrográfica, en las reservas forestales y en el Parque Nacional Canaima. Hay varios grupos de ecologistas, universitarios y de indígenas del estado Bolívar que han solicitado ser escuchados, porque consideran que las concesiones que se otorgarán en dicho Arco Minero promoverán aún más la minería ilegal. Nosotros vamos a recibir a todo aquel que quiera aportar alternativas”.

 

Desde abril de 2013 las 16 comunidades que conforman el sector siete del pueblo pemón poseen un título colectivo del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, un documento empastado en rojo y entregado por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades, en el que los facultan para ser los garantes y administradores de su territorio. En septiembre de 2016, en una entrevista transmitida por el programa Actualidad RT y retransmitida por Telesur, Roberto Mirabal, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, se refirió al Bloque Especial Ikabarú, en el municipio Gran Sabana, como la cuarta de las áreas comprendidas dentro del Arco Minero. Además señaló que consultaron a los habitantes ancestrales de las zonas que tienen planteadas intervenir e indicó que formarán parte de los equipos de trabajo pues, según dijo, hay indígenas profesionales, geólogos e ingenieros. Sin embargo, fuentes sostienen que la declaración de Mirabal no es cierta y que eso no fue consultado.

 

Lisa Henrito, líder pemón formada como vocera y representante de su pueblo, manifestó que: “Los indígenas tenemos que participar desde que nace el proyecto hasta el final (…) La consulta debe expresar la voluntad de los indígenas y ser vinculante, sea su resultado positivo o negativo”. Admitió que desde 2013, los pemones adoptaron la minería (del oro y el diamante) como su actividad económica fundamental. Según sus cuentas de las 117 comunidades indígenas pemones que habitan la Gran Sabana, 79 trabajan la minería y destacó que “la minería no es ecológica en ningún lado”.

 

Además, en diciembre de 2016, en el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) realizada en Ciudad de Panamá, Venezuela reconoció que no ha realizado aún el estudio de impacto ambiental que ordena la Constitución sobre el Arco Minero del Orinoco, afirmando que cuando estuviera listo, en un futuro, sería difundido. Sin embargo, un año y medio después (julio 2017) de haber sido anunciado el Arco Minero no existe estudio de impacto ambiental y lo que debía ser un proyecto de impulso a la economía nacional, no es más que otra forma de corrupción y violencia, donde los más afectados son los indígenas.

 

Resaltan los casos de Juan Gabriel González, capitán general del ​Sector Siete (Ikabarú) del Pueblo Indígena Pemón, quien ha recibido amenazas de muerte​ por​ parte de los delincuentes que pretenden controlar los yacimientos de oro y diamante​,​ ubicados en los territorios sobre los cuales los pem​ones​ tienen título de propiedad y el de Freddy Menare, activista de derechos de los indígenas del Amazonas, que intentaba detener la explotación del Arco Minero y luchaba por la recuperación de los espacios, quien resultó asesinado presuntamente por sicarios según informó, en comunicado, La Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco.

Teniendo en cuenta los daños irreversibles y graves riesgos contra el ambiente, recursos naturales y derechos de las comunidades indígenas en la región que abarca el Arco Minero del Orinoco, resulta urgente que la Asamblea Nacional ejerza su función constitucional de control político y en vista de ello se propone una interpelación al Ministro de Ecosocialismo y Aguas, para que responda, entre otras, las siguientes preguntas:

  • ¿En qué se han invertido los cuatro mil quinientos millones de dólares destinados al Arco Minero? ¿Cuáles han sido las ganancias y beneficios obtenidos por la millonaria inversión? ¿Cuánto oro y minería ha sido extraída? ¿A dónde se han derivado los recursos de la venta de los minerales?
  • ¿Por qué se realizó tal inversión sin el aval de la Asamblea Nacional?
  • ¿Por qué se confía a empresas foráneas la explotación del 12,2% del territorio nacional?
  • ¿Qué acciones se han tomado respecto de las denuncias de violaciones de normativa ambiental entre otras?
  • ¿Qué atención se ha prestado a las solicitudes de diferentes grupos, ecologistas, académicos e indígenas para ser escuchados respecto de su posición sobre el Arco Minero?
  • ¿Qué acciones se han tomado para resguardar los derechos de propiedad de los indígenas pemones que poseen títulos sobre buena parte de las tierras destinadas al Arco Minero?
  • ¿Por qué no se ha realizado el estudio de impacto ambiental? ¿Por qué el proyecto del Arco Minero fue vendido como “ecológico” si ni siquiera existe un estudio que indique cuáles son los posibles efectos de su aplicación? ¿Se mintió deliberadamente a la población?
  • ¿Qué atención se ha prestado a las denuncias de amenazas de muerte en contra de representantes indígenas? ¿Es cierto que las zonas de explotación minera están controladas por mafias? ¿Qué tienen que decir de las denuncias por sicariato del representante Menare?