De acuerdo con un reportaje publicado en el portal Runrun.es el 17 de mayo de 2017, el Ejecutivo nacional ha adoptado como política de Estado la anulación sin procedimiento previo ni acto administrativo formal de pasaportes de ciudadanos venezolanos, incluidos diputados de la Asamblea Nacional, con el propósito, entre otros posibles, de impedir su salida del territorio nacional.

Según se lee en el reportaje “…recientemente el régimen de Nicolás Maduro anuló el pasaporte del Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y un día después fue el turno del diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia. La noche del sábado 1 de julio informó Muchacho que a su llegada al país, tras haber visitado Perú y Chile con la finalidad de demostrar la crisis y las violaciones de derechos humanos, le informaron que su pasaporte estaba anulado. Para el Alcalde, esto fue una ‘medida de intimidación’. Lo mismo sucedió con el diputado Américo De Grazia, quien publicó en Twitter la fotografía del acta de retención de documentos entregada por el Saime, a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras viajar desde Bogotá, Colombia”.

Además de diputados y funcionarios, han sido víctima de la misma medida, según reportes de medios nacionales, otros ciudadanos cmo los periodistas César Miguel Rondón y Nitu Pérez Osuna y el cantante “Nacho”.

A lo anterior se debe sumar el hecho de que desde ya un tiempo en Venezuela, existen severos problemas para obtener un pasaporte, ya sea por la supuesta escasez de material para elaborarlos, o por el interés en que sólo se tramite este documento a través de los “procedimientos exprés” creados a fines de 2016, que están sujetos a altas tarifas no pagables por la mayor parte de la población.

Si es gravísimo que esta medida se aplique contra ciudadanos particulares, en violación de sus derechos humanos fundamentales, lo es todavía más cuando se adopta contra ciudadanos con responsabilidades públicas, como los diputados de la Asamblea Nacional, parte de cuyas labores supone viajes al extranjero, para dar cuenta de la situación interna del país y del Poder Legislativo nacional en distintos foros y audiencias internacionales y de gobiernos democráticos.

Bajo el punto de vista jurídico y de garantía de los derechos humanos de las personas, hay que recordar varios aspectos:

  1. El pasaporte es un acto administrativo que no puede ser revisado y anulado de oficio por el Poder Ejecutivo sino solo a solicitud expresa de parte interesada.
  2. Esa revisión y posible anulación sólo puede ocurrir previo procedimiento administrativo, en que se evalúe el caso, más si la posibilidad de anular un pasaporte en especial no deriva de una solicitud expresa sino de lo investigado por la autoridad en un caso determinado.
  3. En ese procedimiento debe haber acceso del interesado y derecho a la defensa pleno de ser el caso.
  4. La decisión de anular el pasaporte debe constar en un acto administrativo formal, que exponga las razones de hecho y de derecho para adoptar esa medida.

 

Además, dado que el pasaporte es un documento indispensable para la libre circulación de las personas fuera de su país, una vez declarada la nulidad del documento, la autoridad debe otorgar en el plazo más breve posible uno nuevo, a fin de garantizar el derecho humano antes indicado, y evitar de facto prohibir las salidas e ingresos al territorio nacional de personas que, por ejemplo, puedan considerarse críticas o incómodas para el Gobierno.

En vista de la gravedad que supone el que el Ejecutivo nacional haya adoptado la anulación de oficio de pasaportes de ciudadanos venezolanos, incluidos los de gobernantes y diputados, sin cumplir garantías procesales algunas, con el fin de impedirles salir del territorio nacional, es urgente que la Asamblea Nacional ejerza su función constitucional de control parlamentario a través de una interpelación y eventual voto de censura de comprobarse esta grave violación de derechos humanos, en las personas del director del Saime y del Ministro del Interior, Justicia y Paz, a quienes deben formularse las siguientes preguntas:

 

Director del Saime:

  • ¿Tiene constancia de las solicitudes formales hechas por las personas que han denunciado públicamente que les fue anulado su pasaporte sin que ellas lo hayan pedido?
  • Si no tiene pruebas, ¿por qué se han anulado de oficio esos pasaportes? ¿Ha recibido una instrucción en tal sentido de su superior jerárquico?
  • ¿Qué garantías procesales y para su defensa se ha brindado a las personas afectadas por estas anulaciones de oficio?
  • ¿Se les ha facilitado nuevos documentos con celeridad o se mantienen indocumentados y, por tanto, impedidos de movilizarse fuera del país a los afectados?
  • ¿Qué medidas especiales se han tomado para facilitar el trabajo de los diputados y gobernantes afectados por esta irregular medida? ¿Sabe usted que con ella se viola la autonomía del Poder Legislativo y la autonomía de los gobiernos regionales?

 

Ministro del Interior, Justicia y Paz:

  • ¿Ha sido informado acerca de las medidas de oficio de anulación de pasaportes a ciudadanos y titulares de cargos públicos? ¿Qué casos maneja y qué medidas ha tomado para corregir esa situación? ¿Ha ordenado usted aplicar esas medidas?
  • ¿Qué garantías ofrece su despacho a los afectados? ¿Sabía que tales medidas constituyen violaciones a derechos humanos fundamentales protegidos por la Constitución y Tratados Internacionales?
  • ¿Por qué su despacho permite u ordena impedir la labor constitucional de diputados y gobernantes democráticos en el exterior del país’ ¿Está consciente de que tal proceder, además de ilícito, implica una evidente desviación de poder que acarrea responsabilidad individual?
  • ¿En qué tiempo tendrán nuevamente sus pasaportes todos los arbitrariamente afectados por esta medida inconstitucional?